Una
intensa movilización se ha
desatado en Arizona para pedir a la gobernadora Jan Brewer que vete
una iniciativa que criminaliza a los inmigrantes indocumentados y
convierte a los policías locales en agentes de inmigración.

Grupos
locales y nacionales buscan a través de vigilias, entrega
de cartas y otras manifestaciones presionar a Brewer para que vete
la iniciativa SB1070, aprobada ayer por el Senado estatal.

En la
capital estatal, Phoenix, nueve estudiantes de la
Universidad Estatal de Arizona (ASU) y otros dos colegios
comunitarios fueron arrestados este martes por conducta desordenada después
de que se encadenaran a las puertas del antiguo Capitolio en señal
de protesta.

Mientras que activistas encabezados por la Red de
Acción
Fronteriza y Reforma Migratoria para América se presentaron en las
oficinas de Brewer en Phoenix para hacer entrega de 50.000
peticiones de residentes de Arizona pidiendo el veto a una ley que
ha sido calificada como la "más severa" de su tipo en EEUU.

En
caso de ser ratificada, la medida convertiría a Arizona en el
primer estado del país en criminalizar a los indocumentados,
convirtiendo en un delito menor su sola presencia.

También
otorgaría a los departamentos policíacos locales el poder
de indagar el estatus migratorio de las personas y penalizaría a
quienes transporten o den trabajo a un indocumentado.

La oficina
de Brewer también ha sido inundada con llamadas y
correos electrónicos con la misma petición.

En Tucson, al sur de
estado, alrededor de 250 estudiantes se
concentraron en el centro de la ciudad para marchar hasta las
oficinas de la mandataria republicana en esta localidad.

Alumnos
del Colegio Comunitario Pima (PCC), Universidad de
Arizona (UA) y de la escuela secundaria Tucson High marcharon
vistiendo camisetas de color blanco en señal de paz y portando
carteles en los que pedían el veto a la ley estatal que aseguran
convertiría a toda la comunidad hispana en blanco de detenciones
basadas en su apariencia física.

"Aunque somos jóvenes nosotros
también queremos expresar nuestra
opinión y hacerle saber a la gobernadora que también tenemos el
derecho al voto", dijo a Efe Elizabeth Canales, de 25 años y
estudiante de la UA.

Indicó que la marcha fue un movimiento
espontáneo de los
estudiantes, muchos de ellos hijos de inmigrantes que nacieron en
los Estados Unidos.

"Mis padres vivieron de El Salvador, yo nací
en este país y me
preocupa lo que pasa en nuestra comunidad", aseveró la joven para
quien esta iniciativa no resuelve el problema de la inmigración
ilegal pero sí discrimina contra un segmento de la población.

"Estoy
segura que van a comenzar a parar a todas las personas que
parezcan latinos o mexicanos", enfatizó.

En la ciudad fronteriza
de Nogales otros grupos, entre ellos
Iniciativa Fronteriza Kino, Acción Fronteriza y Ángeles de la
Frontera, comenzaron una campaña para informar a la comunidad sobre
el impacto que tendrá esta propuesta de ley en esta región.

"La
población fronteriza ha vivido por mucho tiempo los efectos
de la militarización de la frontera, viviendo en un ambiente tenso y
ahora esta iniciativa podría poner las cosas mucho peor", dijo el activista Ramón Flores.

Añadió que estos grupos también
estarán informando a los
visitantes mexicanos que diariamente cruzan la frontera para hacer
sus compras en Arizona sobre esta legislación y sus posibles
efectos.

Por ley Brewer tiene un plazo de cinco días desde su
aprobación
para firmar o vetar la medida