Una investigación en trece escuelas ‘Charter’ por parte de la Contraloría de Filadelfia reveló casos de mala administración financiera, gastos cuestionables, fraude y abuso. Todo a expensas de los contribuyentes.

La administradora de tres escuelas, Rhonda Sharif, recibió un salario de $183 mil en el 2008 por haber trabajado supuestamente 463 días; recibió un reembolso de $101 mil por “gastos no especificados en tarjetas de crédito” por parte de la escuela Harambee; y gastó $536 mil en “viajes y conferencias” durante un periodo de cinco años. Sharif no presentó comprobantes de gastos durante la investigación.

El director de la escuela Franklin Towne, Joseph Venditti, rentaba las instalaciones de la escuela a una empresa de la cual es dueño, y luego la subarrendaba de vuelta a la escuela. Otras escuelas usaban métodos similares, según el informe.

El edificio en donde se encuentra la escuela Imani y es propiedad de dicha escuela era rentada a la Fundación Imani y además rentaba seis locales comerciales. Sin embargo, la propiedad estaba exenta de impuestos en su totalidad. La Comisión de Revisión de Impuestos revalúo los impuestos de la propiedad a $75 mil.

Además, Joseph Caruso, quien recibió $80 mil como “consejero legal” de la escuela Preparatory, estaba listado como maestro de tiempo completo en dicha institución y recibió beneficios del Sistema de Retiro de Empleados de Escuelas Públicas (PSERS).

“A pesar de los diversos problemas descubiertos en cada una de las escuelas, el problema más grande recae en la Oficina de escuelas Charter”, dijo el contralor de la ciudad, Alan Butkovitz, quien anunció ayer los resultados de la investigación.

"Hubo una falla total del Distrito Escolar en la supervisión de las escuelas 'Charter' y en hacerlas responsables de la forma en que gastan los dólares de los contribuyentes”, dijo Butkovitz, quien destacó que el costo anual de dichas escuelas asciende a los $300 millones.

Nueve de las escuelas tenían contratos de arrendamiento con organizaciones relacionadas, y seis listaban las ganancias del alquiler como su única fuente de ingresos.

Ocho escuelas hacían transacciones con empresas relacionadas que contrataban para trabajos de construcción, mantenimiento, o administración.

Además, 51 de las 63 escuelas ‘Charter’ no cumplían con la documentación necesaria, permisos o pruebas de aseguranza, lo que representa una violación a los requisitos de la Comisión de Reforma de Escuelas (SRC).