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Defensor del pueblo podrá investigar a funcionarios

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La Comisión Nacional de Derechos
Humanos
(CNDH) de México podrá investigar a altos funcionarios (ministros,
gobernadores y alcaldes) en casos graves de violación a garantías
individuales, facultad que tiene la Suprema Corte, según un dictamen
aprobado este jueves por el Senado y que debe ser ratificado por Diputados.

Como
consecuencia de esa investigación, la CNDH, que actúa como
defensor del pueblo, podrá presentar las denuncias penales o civiles
que considere procedentes, destaca el dictamen aprobado por 96 votos
a favor y ninguno en contra, en una sesión ordinaria de la Cámara
alta.

La reforma, que significa una modificación a la Carta Magna
para
elevar a rango constitucional la defensa, protección y promoción de
los derechos humanos, establece también que cuando una autoridad no
respete o no acepte las resoluciones emitidas por la CNDH tendrá que
comparecer ante el Senado o los congresos locales para explicar su
negativa.

Ello permite además al ciudadano acudir a los
tribunales y exigir
no sólo el castigo sino la reparación del daño en caso de sufrir la
violación de sus derechos humanos.

La reforma también precisa los
casos en los que se podrá
restringir o suspender el ejercicio de los derechos y garantías en
todo el país por tiempo limitado en caso de que exista una
perturbación grave de la paz o cualquier otro que ponga a la
sociedad en grave peligro.

El "estado de excepción" deberá darse
con base en la
proporcionalidad, la legalidad, la proclamación y la no
discriminación.

También señala que la suspensión de las garantías
no podrá
cancelar derechos humanos tales como el reconocimiento de la
personalidad jurídica, a la vida, a la integridad de la persona, al
nombre, a la protección de la familia y ni levantarse la prohibición
de la pena de muerte.

El dictamen plantea que en caso de
persecución política, toda
persona tiene el derecho de solicitar y recibir asilo.

Entre
otras cosas, según el documento, se otorga autonomía a los
organismos estatales de derechos humanos, y se concede a la CNDH la
facultad de conocer asuntos laborales y emitir recomendaciones a las
autoridades de ese sector.

Por tratarse de un cambio en la
Constitución, la reforma será
enviada a la Cámara de Diputados y congresos locales del país para
su aprobación.

 

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