Ocho
condados más
se han sumado a la lista de localidades en Carolina del Norte que
participan del programa Comunidades Seguras que identifica a
indocumentados con antecedentes penales, informó este miércoles el Servicio de
Inmigración y Aduanas (ICE).

La medida, puesta en marcha en
octubre de 2008 por el
Departamento de Justicia (DOJ) y Seguridad Nacional (DHS), y que es
administrado por ICE, tiene como objetivo detectar y deportar a
indocumentados que representen una "amenaza para la comunidad".

Ahora
las cárceles locales de los condados Union, Brunswick,
Columbus, Dare, Halifax, Jackson, Lee y Transylvania, tendrán acceso
a la base de datos de DHS para conocer si el arrestado es
indocumentado y de la Oficina Federal de Investigación (FBI) para
establecer su historial delictivo.

Con estas ocho localidades, un
total de 21 condados de Carolina
del Norte tienen en sus cárceles el programa, para convertirse en el
segundo estado del país, después de Texas, en utilizar la tecnología
biométrica para identificar a inmigrantes considerados "criminales".

"Comunidades
Seguras ofrece a las agencias locales del orden
público una herramienta efectiva para identificar criminales
indocumentados. El objetivo es utilizar esa información para
prevenir que éstos salgan de la cárcel", afirmó en un comunicado
David Venturella, director del programa.

Un informe del Centro de
Política de Inmigración (IPC) puntualizó
a finales del mes de noviembre de 2009 las fallas de Comunidades
Seguras y resaltó la "carencia de transparencia" y falta de
supervisión de las agencias locales por parte de ICE.

Según
cifras de ICE, Comunidades Seguras ha identificado a más de
18.800 extranjeros que cometieron delitos de nivel 1 como
asesinatos, violaciones y raptos, y más de 4.000 de esos han sido
deportados del país. Los otros cumplen sus condenas respectivas.

Adicionalmente,
ICE ha deportado más de 27.700 indocumentados
acusados o encontrados culpables de cometer crímenes de nivel 2 y 3
como robo menor y infracciones de tránsito, entre otros.

Para el
2013, ICE tiene programado expandir el programa a las más
de 3.000 penitenciarias del país y estima deportar a 400.000
indocumentados con cargos criminales a un costo que sobrepasaría los
3.000 millones de dólares al año.