El Gobierno de Bolivia anunció el martes
que
aplicará inmediatamente su nueva Ley Anticorrupción, que permite
investigar de forma retroactiva las gestiones de anteriores
Gobiernos, lo que acentúa la presión sobre ex mandatarios opositores
al presidente Evo Morales.

La Asamblea Legislativa aprobó el
lunes la "Ley de Lucha contra
la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas",
que previsiblemente será promulgada el miércoles por Morales para su
entrada en vigor.

La ministra de Transparencia, Nardi Suxo,
anunció hoy que dará
"inmediato cumplimiento" a la norma, que -dijo- permitirá cumplir en
un 95 por ciento las recomendaciones de la Convención Interamericana
Contra la Corrupción (CICC).

Antes de esta norma "las denuncias
contra daños económicos al
Estado quedaban en la impunidad", aseguró.

Se trata de un
proyecto que el actual Gobierno de Bolivia
presentó en 2006, pero que no prosperó en la pasada legislatura
porque el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) no tenía
mayoría parlamentaria suficiente.

Ahora, con el control de los
dos tercios del Congreso, el MAS ha
logrado "luz verde" para una ley que pretende erradicar una de las
principales lacras que, a juicio de Morales, ha padecido y padece
Bolivia, pero que ha sido duramente criticada desde la oposición por
su carácter retroactivo.

El texto señala que la norma se aplicará
para autoridades y ex
autoridades del Estado boliviano sospechosas de corrupción y para
las que no se reconoce inmunidad, fuero o privilegio alguno ante
este tipo de delitos.

También establece la creación de un Consejo
Nacional de Lucha
contra la Corrupción, así como tribunales y policías especializados
en el área y la puesta en marcha de un Sistema de Protección de
Denunciantes.

Introduce, además, delitos nuevos en la legislación
boliviana
como el uso indebido de bienes y servicios públicos, enriquecimiento
ilícito o el cohecho trasnacional (activo y pasivo), entre otros.

Tal
y como establece la nueva Constitución del país, esta ley
declara imprescriptibles los delitos "que atenten contra el
patrimonio del Estado y causen grave daño económico".

En varias
ocasiones, opositores y ex jefes de Estado bolivianos
han levantado la voz contra la ley, que consideran parte de una
estrategia de "persecución política", lo que el Gobierno niega.

Y
es que además de esta norma, la Asamblea boliviana tramita una
nueva ley de juicios por responsabilidades que permitiría acelerar
procesos impulsados por el oficialismo contra varios ex presidentes
por supuestos delitos de daño al Estado en sus gestiones.

Se
trata de Carlos Mesa, Jorge Quiroga y Eduardo Rodríguez
Veltzé, los inmediatos antecesores a Morales, que junto al ex
vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas se unieron en una declaración
conjunta el pasado 17 de marzo para denunciar que los juicios que se
promueven en su contra vulneran derechos fundamentales reconocidos
en tratados internacionales.

Estas nuevas normas coinciden,
asimismo, con una singular
situación en la Justicia boliviana: la mayoría de los magistrados de
las principales instancias judiciales fueron nombrados en febrero
directamente por el gobernante, aunque con carácter interino.

Por
eso, además de cuestionar el contenido de las leyes, los ex
mandatarios denuncian que los tribunales no serán imparciales al
haber sido designados por su acusador, es decir, Morales.

Ante la
aprobación definitiva de la Ley Anticorrupción, algunos
de estos ex presidentes declinaron, al ser consultados hoy por Efe,
hacer comentarios hasta no haberla estudiado en profundidad, sin
descartar una declaración conjunta como la que realizaron hace unos
días.

Este escenario se ha enredado aún más ante las intenciones
de la
Fiscalía de llamar a declarar al ex gobernante Quiroga, al cardenal
Julio Terrazas y al ex defensor del Pueblo Waldo Albarracín por su
supuesta relación en un caso de uso irregular de "gastos reservados"
que se remonta a la segunda Presidencia de Hugo Bánzer (1997-2001).

En
Bolivia, los "gastos reservados" eran fondos de libre
disposición usados por los ministros de Gobierno (Interior) para
asuntos de seguridad, pero Evo Morales los prohibió en su Gobierno.

Esa
investigación llevó a Guillermo Fortún, ex ministro de
Gobierno con Bánzer y candidato a la Alcaldía de La Paz por la
conservadora ADN (el partido de aquel presidente), a huir de Bolivia
y "autoexiliarse" en Chile.

La enrevesada situación de la
Justicia y estas nuevas normas -que
algunos opositores han calificado de "leyes guillotina"- han
provocado incluso la reacción de Naciones Unidas, que en días
pasados mostró su preocupación por la crisis del sistema judicial
del país.

Sin embargo, el presidente Morales y su Gobierno
defienden la
necesidad de combatir la corrupción pasada y presente y prevenir la
futura con una ley que supone una "revolución moral" y aseguran que
quien no ha hecho daño a Bolivia nada tiene que temer.