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Herederos de "parapolítica" ocuparán Senado colombiano

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Los herederos de la "parapolítica", un
escándalo que llevó a la justicia a investigar o condenar a un
tercio del Congreso colombiano por sus nexos con los paramilitares,
lograron en las elecciones legislativas del pasado 14 de marzo un
total de 23 escaños de los 102 que tiene el Senado.

En entrevista que este lunes publica el diario bogotano El Tiempo, el
director de la Corporación Nuevo Arco Iris, León Valencia, señaló
que el 25 por ciento de los 166 que llegan a la Cámara de
Representantes son familiares o allegados de los implicados en este
escándalo.

"Senadores son: ocho del Partido de Integración Nacional (PIN),
ocho del Partido de la U, cinco del Partido Conservador, uno del
Partido Liberal, uno de Cambio Radical. En la Cámara son cerca del
25 por ciento de los elegidos", señaló el politólogo e investigador
de esos vínculos entre los paramilitares y líderes políticos.

Sobre el PIN, que se ubicó como cuarta fuerza política en las
elecciones legislativas al obtener cerca de un millón de votos,
indicó que concentra en sus fuerzas "el acumulado más importante de
la 'parapolítica'".

"Todo ese sector ha apoyado tradicionalmente a la actual
coalición de Gobierno. Lo más lógico es que volverán a tratar de
apoyar a un candidato de ese sector", agregó en referencia a las
elecciones presidenciales del próximo 30 de mayo.

Valencia agregó que los recursos económicos que apoyaron el
resurgimiento de la "parapolítica" provienen "todos del
narcotráfico", que se alió con los paramilitares a principios de
este siglo para que se diera una expansión de esos escuadrones en
buena parte del territorio colombiano y produjera un gran fenómeno
en la política.

Asimismo, indicó que en las investigaciones que realizan no están
calificando el apellido de los congresistas, sino que sean
"herederos del botín, son familiares en el delito, no sólo
familiares por el apellido".

Un tercio del actual Congreso colombiano fue investigado o
condenado por vínculos con grupos paramilitares, y varias
organizaciones no gubernamentales denunciaron que sus familiares y
allegados buscaban ocupar sus escaños ante la imposibilidad legal de
muchos de ellos ya condenados para ocupar cargos públicos.

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