El Centro para los Derechos Constitucionales (CCR) entabló una demanda federal en el Distrito Sur de Nueva York contra la Oficina del Censo por discriminación en la contratación de trabajadores temporales.

De acuerdo con CCR, la Oficina del Censo excluyó de manera desproporcionada a los solicitantes de color, y verificó los antecedentes criminales a través de una base de datos del FBI, que es conocida por ser “inexacta e incompleta”. Esta práctica atenta directamente contra el compromiso de la Oficina del Censo, según la CCR.

De acuerdo con la directora de educación de la CCR, Annette Dickerson, los afroamericanos, y los latinos son más propensos a estar desproporcionadamente en contacto con el sistema de justicia criminal, a ser detenidos y revisados por la policía, y a penalidades criminales más fuertes.