Diversas organizaciones
pro
inmigrantes pidieron este miércoles a la gobernadora de Arizona, Jan Brewer,
que vete una iniciativa de ley que criminaliza la presencia de
inmigrantes indocumentados en el estado.

Unas 150 personas se
congregaron frente a las oficinas de la
mandataria republicana en Phoenix para entregar tarjetas firmadas
por miembros de la comunidad que expresan su oposición al proyecto,
que de llegar a ser ley, convertiría a Arizona en el primer estado
del país en criminalizar la presencia de indocumentados.

"Queremos
que la gobernadora y el Legislativo estatal se den
cuenta de que la gente no está de acuerdo con esta ley", dijo Carlos García, representante de la organización Puente en Arizona.

La
iniciativa SB1070, impulsada por el senador republicano
Russell Pearce fue aprobada por el Senado estatal el pasado 15 de
febrero, mientras que la Cámara Baja pasó ayer una similar.

Debido
a que se incluyó una enmienda que protege a los bomberos y
agencias del orden que ofrecen servicios de emergencia a las
personas sin importar su estatus migratorio, la iniciativa enfrenta
todavía dos votaciones más antes de llegar al escritorio de Brewer.

"Todos
esperábamos que la propuesta fuera aprobada
definitivamente ayer, pero creo que la presión que estamos
ejerciendo logró que nuevamente se aplazara", sostuvo García.

La
medida, calificada por activistas como" la ley estatal de
inmigración más extrema en el país", penalizaría también a las
personas que alberguen o transporten a inmigrantes indocumentados.

Además
autoriza a las agencias del orden locales y estatales
cuestionar el estatus migratorio de los detenidos si tienen
sospechas de que pudieran estar de manera ilegal en el país.

"Estamos
pidiendo a la gobernadora que se dé cuenta de las
implicaciones legales y anticonstitucionales que puede tener si se
convierte en ley", enfatizó el activista.

Añadió que más de
16.000 tarjetas pidiendo el veto han sido
entregadas a la oficina de la mandataria en las últimas semanas.

Brewer,
quien reemplazó a la demócrata Janet Napolitano cuando
ésta fue nombrada secretaria de Seguridad Nacional (DHS), inició su
campaña para un nuevo término frente al gobierno estatal en las
elecciones de noviembre.

Durante su primer informe de gobierno,
el pasado mes de enero, la
gobernadora aseguró que firmaría cualquier ley en contra de la
inmigración ilegal que llegara a su escritorio.

García puntualizó
que el movimiento contra la SB1070 es a nivel
estatal y que hoy durante la protesta estuvieron presentes personas
provenientes de otras ciudades como Tucson, Sierra Vista y Yuma.

Arizona
es uno de los estados con leyes más severas en contra de
los indocumentados en los Estados Unidos.

Aquí se aprobó la
primera ley estatal que sanciona a los negocios
que contratan a indocumentados a sabiendas y obliga a los
empleadores a verificar el estatus migratorio de sus trabajadores.

En
Arizona, las autoridades tienen la facultad de arrestar y
presentar cargos contra indocumentados que admiten haber pagado los
servicios de un traficante bajo la ley estatal anti-coyote.

El
pasado mes de noviembre entró en vigor una ley que obliga a
los trabajadores de agencias gubernamentales a denunciar ante el
servicio de inmigración a los indocumentados que acudan a solicitar
ayuda pública como cuidado médico y estampillas de comida.

"Si
esta ley es aprobada sería devastadora para nuestra
comunidad", dijo Jennifer Allen, directora de la Red de Acción
Fronteriza en Arizona.

Aseguró que en caso de convertirse en ley
la misma costará
millones de dólares a los contribuyentes de Arizona, cerrará
negocios, penalizará a quienes busquen trabajo en las calles y
creara más inseguridad en las comunidades debido a que las personas
tendrán miedo de acudir a la policía a denunciar delitos