Los movimientos sociales
latinoamericanos presentes en el quinto Foro Urbano Mundial de la
ONU clamaron este miércoles por el fin de los desalojos y exigieron un reparto
equitativo y justo del suelo y las viviendas.

Todas estas medidas se engloban en el concepto del "derecho a la
ciudad", tema que centró este miércoles una sesión especial de
debates sobre América Latina en la principal conferencia de la ONU
sobre las ciudades, que se desarrolla esta semana en Río de Janeiro.

En la charla, el dominicano Pedro Franco, representante regional
de la Alianza Internacional de Habitantes, argumentó que el derecho
a la ciudad ha avanzado en reconocimiento en América Latina, hasta
el punto de haber sido consagrado en las legislaciones de algunos
países, como es el caso de la Constitución de Ecuador.

No obstante, Franco señaló que el derecho a la ciudad todavía
está muy lejos de ser extendido de forma práctica, lo que debería
pasar en un primer momento por asegurar el acceso a la vivienda por
parte de toda la población urbana y también por la erradicación de
los desahucios, que responden a una "lógica capitalista".

"Mientras persistan los desalojos no podemos hablar del derecho a
la ciudad", afirmó el miembro de la organización no gubernamental
internacional.

En la misma línea, la venezolana Elisabeth Santos, directora de
la Red Metropolitana de Viviendas de Venezuela, denunció la
existencia de "latifundistas urbanos" que acaparan miles de
apartamentos, creando "burbujas inmobiliarias" y haciendo imposible
el acceso a la vivienda a los pobres.

Santos relató que su organización ha encabezado una iniciativa
para impedir los desahucios arbitrarios, idea que se ha llegado a
plasmar en dos decretos municipales en las urbes venezolanas de
Caracas y Valencia, bautizados como "Cero Desalojo".

La activista venezolana también propuso la expropiación de
viviendas "con fines sociales" para garantizar que cada familia sea
dueña de su casa y evitar la concentración de la tenencia de la
propiedad.

En el debate, el viceministro de Vivienda de El Salvador, Edín
Martínez, subrayó que se debe reconocer el derecho a la ciudad "a
quien se le ha negado tradicionalmente".

Por ello, demandó que se tomen "acciones contundentes" en América
Latina en el área de la regulación del derecho al acceso al suelo,
uno de los factores que han contribuido a relegar a los pobres a la
periferia de las ciudades o a barrios de tugurios levantados sin el
permiso de las autoridades.

El brasileño Marcos Landa, directivo del Movimiento de Vivienda
de Brasil, incidió en la misma idea al denunciar que históricamente
se ha relegado a los pobres a los suburbios degradados de las
grandes ciudades y a "áreas de riesgo" amenazadas por inundaciones o
deslizamientos de tierras.

"Queremos una ciudad más integradora, que no excluya a la
población y que se haga efectivo el control social de los recursos
públicos", demandó Landa.

La mexicana Lorena Zárate, representante de la Coalición
Internacional para el Hábitat, clamó por la inclusión de los
movimientos sociales en la toma de decisiones en el ámbito urbano
como garantía de la defensa de un modelo de ciudad más
participativo.

"No hay derecho a la ciudad si no existe control social (de la
planificación urbana) ni participación", sostuvo la activista.

Zárate también alertó que el concepto del derecho a la ciudad "se
puede poner de moda", con lo que los políticos lo podrían vaciar de
contenido o tergiversar.

"Que no se llame derecho a la ciudad a cambiar un tubo, una
bombilla o a inaugurar un parque, sin que la sociedad haya
participado en la toma de decisiones", manifestó.

El Foro Urbano proseguirá sus debates mañana y concluirá el
próximo viernes con una conferencia en la que se presentará un
documento con recomendaciones en la extensión de derechos en el área
urbana.