La CIDH escuchará este viernes los argumentos
de Quito y de Bogotá sobre la muerte del ecuatoriano Franklin
Aisalla en el bombardeo de Colombia contra un campamento de la
guerrilla de las FARC en territorio ecuatoriano hace dos años.

El caso será escuchado en la primera audiencia pública del 138
periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), que se celebra hasta el 26 de marzo en la sede del
organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Se trata de la segunda denuncia interestatal que verá la CIDH en
sus casi 51 años de historia.

El primer caso en el que un Estado denunció a otro fue el de
Nicaragua contra Costa Rica en 2006. En ese caso, Managua acusó a
San José de xenofobia y discriminación contra inmigrantes
nicaragüenses. La denuncia fue declarada inadmisible en 2007.

Ecuador presentó la denuncia en junio de 2009 alegando que
Colombia había violado varios artículos de la Convención Americana
de Derechos Humanos cuando bombardeó un campamento de las FARC
ubicado en territorio ecuatoriano.

En concreto, se refirió a los artículos que protegen el derecho a
la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la
protección judicial.

En esa operación, que tuvo lugar el 1 de marzo de 2008, murieron
unas 26 personas, entre ellas el portavoz internacional del grupo
guerrillero, Luis Édgar Devia, alias "Raúl Reyes", el ecuatoriano
Franklin Aisalla y cuatro estudiantes mexicanos.

Ecuador consideró la operación militar colombiana como una
violación a su soberanía, y rompió relaciones diplomáticas con el
vecino país el 3 de marzo de 2008.

El 13 de noviembre pasado, Ecuador y Colombia anunciaron el
nombramiento de sus respectivos encargados de negocios en Quito y
Bogotá.

Ecuador afirma en su denuncia que Aisalla murió como consecuencia
de "una ejecución sumaria en territorio ecuatoriano por parte de un
Estado extranjero", mientras que Bogotá alega que falleció por la
"onda explosiva producto del bombardeo al campamento del terrorista
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), 'Raúl
Reyes', donde se encontraba en el momento de los hechos".

Bogotá sostiene que Aisalla "formaba parte de un grupo criminal
al servicio de las FARC", según afirmó el 13 de junio en respuesta a
la denuncia de Quito, que insiste que el hecho de que éste hubiera o
no pertenecido a la guerrilla no influye en la demanda.

El procurador general del Estado ecuatoriano, Diego García,
explicó cuando presentó la denuncia ante la CIDH que está
"demostrado, a través de los peritajes, el hecho de que (Aisalla)
murió como consecuencia de golpes repetidos en la parte posterior de
la cabeza, que no son producto, necesariamente, de la onda expansiva
de la explosión, sino de golpes que habrían sido dados
posteriormente a la explosión en el mismo lugar".

La CIDH se limitará a evaluar exclusivamente aquellos aspectos
que se refieren a las violaciones de los derechos humanos planteadas
en la denuncia de Ecuador y se trata de una audiencia para
determinar si el caso es admisible o no.