La alta comisionada de la ONU para los
Derechos Humanos, Navanethem Pillay, denunció en un informe el
aumento de amenazas y el uso de los servicios de inteligencia contra
defensores de los derechos humanos en Colombia y el incremento en
los casos de violencia sexual.

Estas observaciones están consignadas en el documento anual sobre
la situación colombiana de Derechos Humanos, elaborado por ella y
que será presentado en el décimo tercer período de sesiones del
Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), que se celebra en Ginebra hasta el 26 de marzo.

Agrega que en Colombia persisten profundas debilidades en varios
departamentos para la "plena satisfacción de los derechos
económicos, sociales y culturales" que se traducen en una
discriminación "de facto y marginación de la población
afrocolombiana e indígena".

En el informe, Pillay recuerda que en 2009 se conoció que el
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, estatal) había
desarrollado desde 2003 de "manera generalizada y sistemática"
actividades "ilegales" contra defensores de derechos humanos,
opositores políticos, periodistas y altos funcionarios del Gobierno,
como el Vicepresidente (Francisco Santos)".

Además, dice que "la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
un Relator Especial de las Naciones Unidas y la Oficina en Colombia
fueron también objeto de vigilancia. Estas acciones, en muchos
casos, tenían como objetivo neutralizar las labores desarrolladas
por las víctimas, a quienes se consideraba "blancos legítimos" por
ser potenciales opositoras de las políticas gubernamentales".

Esas acciones, aclara el informe, divulgado en las últimas horas
en Bogotá, las habrían realizado "estructuras no formales creadas
por los responsables del más alto nivel del DAS".

La relatora señala que "el reto actual es establecer las
responsabilidades y circunstancias que facilitaron el desarrollo de
estas actividades ilegales por el DAS e identificar a quienes las
permitieron y a quienes se beneficiaron de ellas".

En cuanto a la violencia sexual, dicha dependencia de la ONU
recibió en 2009 "una cantidad alarmante de información sobre casos
de violencia sexual contra mujeres y niñas", atribuidas, entre
otros, a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia

Aclara que en los casos en que miembros de la Fuerza Pública se
vieron involucrados, las autoridades militares y judiciales
"implementaron medidas adecuadas", pero en otras no fue así.

"Estos casos revelan la necesidad de que la Fuerza Pública adopte
medidas firmes, claras y contundentes de "tolerancia cero" frente a
la violencia sexual, incluyendo la separación del servicio".

Por su lado, el Gobierno colombiano reiteró hoy que su compromiso
es "empeñar todas sus capacidades en procura de continuar avanzando
en el logro de la plena vigencia de los derechos que realizan la
dignidad humana, las libertades y la no discriminación en Colombia".

A través del documento "Consideraciones del Estado colombiano al
Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos", agrega que "las instituciones colombianas toman
nota de los retos señalados por el Informe", que coinciden con las
políticas del Estado como "la superación de la impunidad, el combate
a todos los grupos ilegales y a toda forma de criminalidad".

Y asegura que continúa en sus esfuerzos para desplegar protección
a la población frente a los grupos armados ilegales ligados al
narcotráfico, la garantía total para el ejercicio de todas las
libertades, la prevención y castigo a la violencia sexual.

En cuanto a las actividades ilegales del DAS, "el Estado
colombiano reconoce la gravedad de las informaciones y asegura que
la Fiscalía General de la Nación, así como la Procuraduría adelantan
las investigaciones pertinentes "de manera independiente y
autónoma", añade.