El Gobierno de México defendió este martes ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas la decisión de
utilizar las fuerzas armadas para combatir las redes de
narcotraficantes que operan cerca de la frontera con Estados Unidos.

El director General de Derechos Humanos y Democracia de la
Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, Alejandro Negrín,
aseguró en su intervención ante este foro de la ONU que los
militares actúan "a solicitud de las autoridades civiles en espacios
geográficos bien determinados".

"En la lucha contra el crimen organizado, las fuerzas armadas
auxilian temporal y complementariamente a las autoridades civiles",
agregó.

La delegación mexicana fue la encargada de abrir con un análisis
de la situación en su país la reunión anual del Comité de Derechos
Humanos de Naciones Unidas, que vela por el respeto de la Convención
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

Además de México, esta instancia analizará hasta el 26 de marzo
la situación de los derechos políticos en Argentina, Uzbekistán,
Nueva Zelanda, Serbia, Polonia, Jordania, Hungría y Bélgica.

Negrín, en respuesta a preguntas del comité, resaltó que "tesis
jurisprudenciales han establecido la constitucionalidad de la
actuación de las fuerzas armadas en auxilio de las autoridades
civiles".

"En ningún lugar del territorio del Estado los derechos
reconocidos por el Pacto (tratado internacional) se han visto
derogados y la lucha contra el crimen organizado se realiza con
pleno respeto a los derechos humanos", aseveró.

Asimismo, negó que las reformas en materia de seguridad adoptadas
por el Gobierno mexicano supongan imponer un "estado de excepción",
ya que en ningún momento han supuesto la suspensión de los derechos
individuales, resaltó.

Por su parte, la comisionada para el Desarrollo Político de la
Secretaría de Gobernación mexicana, Blanca Heredia, recordó que su
país "ha experimentado enormes transformaciones" desde la última
ocasión en que presentó un informe a este Comité en 1999.

Señaló que la llegada de la alternancia política al poder
ejecutivo un año después, con la elección a la presidencia de
Vicente Fox, culminó "un largo proceso de transición a la pluralidad
política" y aceleró "la construcción de un estado democrático de
derecho".

"Este martes puede hablarse de un México democrático, en el que
el fortalecimiento de los derechos humanos tiene un carácter
esencial", agregó.

Entre la larga lista de reformas que mencionó en su intervención,
la responsable mexicana resaltó la existencia de instituciones
electorales independientes que garantizan el valor del voto y la
equidad entre los contendientes en los comicios.

También mencionó los avances legislativos alcanzados en materia
de transparencia de la gestión pública, la rendición de cuentas y la
protección de la información particular.

En el campo de los derechos humanos, la comisionada llamó la
atención del Comité a las reformas del Código de Justicia Militar
para derogar la pena capital, así como la reforma del sistema de
justicia iniciado hace dos años.

También recordó que su país ha ratificado "prácticamente" todos
los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, y
señaló que éstos se consideran en México parte del ordenamiento
jurídico.