Un total de 59 militares mexicanos han sido
sentenciados o son investigados o procesados por violación a los
derechos humanos entre diciembre de 2006 y febrero pasado, informó el miércoles la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La fuente señaló en un comunicado que en atención a las
recomendaciones emitidas en los últimos tres años por la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a cuatro militares se les dictó
sentencia en el fuero civil por el caso Castaños.

En 2006, 14 mujeres, entre camareras, bailarinas y prostitutas de
los centros nocturnos de la zona de Castaños, en el norteño estado
de Coahuila, fueron golpeadas y violadas por militares que estaban
en servicio.

También, dijo la Sedena, que otros 55 militares han sido sujetos
a algún procedimiento ante la justicia castrense por presunta
violación a los derechos humanos, aunque no detalló los casos.

De estos 55, nueve (3 oficiales y 6 de tropa) están incluidos
como parte de una investigación previa en integración; otros 38 (un
jefe, 5 oficiales y 32 de tropa) se encuentran en proceso frente a
la justicia militar y los ocho restantes (un jefe, dos oficiales y
cinco de tropa) fueron sentenciados por los tribunales militares.

La fuente destacó que en estos tres años la CNDH ha recibido
3.430 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos cometidas
por personal militar, de las cuales 51 han derivado en
recomendaciones, lo que equivale al 1,5 por ciento del total de
quejas recibidas de la Comisión en contra de la Sedena.

De estas recomendaciones de la CNDH a la Sedena, en 27 de ellas,
la averiguación previa se encuentra en integración; en seis se
tienen causas penales, es decir fiscalía militar determinó la
presunta responsabilidad de personal militar en los hechos por lo
que se consignó la averiguación previa al juez.

En diez recomendaciones se ha propuesto el archivo de la
averiguación previa, pues no se ha encontrado responsabilidad
alguna; en cuatro no se inició indagación previa porque se inició un
procedimiento administrativo.

En tres recomendaciones se concluyó la investigación previa no
acreditándose la conducta ilícita, y finalmente en una no se inició
ese tipo de averiguación por no haber participado en los hechos
personal militar.

La Sedena dijo que "ratifica su compromiso ante la ciudadanía de
no tolerar violación alguna al estado de derecho, ni actos que
atenten contra las garantías fundamentales de las personas,
reconociendo que los derechos humanos son indispensables para el
desarrollo integral del individuo".

El Gobierno del presidente Felipe Calderón, que inició en
diciembre de 2006 y concluye en 2012, se ha apoyado en el Ejército
mexicano para combatir al narcotráfico, estrategia que critican
diversos sectores que exigen el regreso de los militares a los
cuarteles.