El representante de Naciones Unidas
contra
la droga y el delito en México, Centroamérica y el Caribe (UNODC),
Antonio Mazzitelli, denunció el miércoles en el Senado mexicano que la
impunidad y la corrupción de policías fomentan el crecimiento de la
delincuencia y los delitos, en particular del secuestro.

"La
impunidad ha hecho crecer el secuestro, sumado con la
corrupción de los cuerpos policiacos", aseveró el funcionario de la
ONU al participar en el segundo y último día del foro "Alto al
Secuestro".

En este evento legisladores, activistas, académicos y
representantes de organismos internacionales analizaron el contenido
de catorce iniciativas que buscan establecer un marco jurídico para
combatir el secuestro en México, un flagelo que ha aumentado en los
últimos años.

Mazzitelli reconoció el esfuerzo e interés de las
autoridades
mexicanas por fortalecer su capacidad en la lucha contra el
secuestro e incluso dijo que la Fiscalía mexicana ha solicitado
apoyo de consultoría a la UNODC (por sus siglas en inglés) para
abordar este tema.

Ante más de un centenar de personas el
funcionario internacional
recomendó la profesionalización de las autoridades y fomentar la
denuncia ciudadana.

En América Latina, indicó, la privación de la
libertad es un
delito muy practicado por grupos del crimen organizado, guerrilleros
u organizaciones menos sofisticadas.

Mencionó que en el caso de
Colombia las solicitudes de pago de
rescate oscilan entre los 200.000 y los 500.000 dólares, pero con
una buena negociación se puede llegar a los 20.000 o 40.000 dólares.

Una
situación similar, agregó, es en Venezuela,
que aunque se
exigen pagos de hasta 2 millones de dólares, los secuestradores se
conforman con 400.000 y hasta 5.000 dólares.

Entre las
iniciativas que se discutieron en este foro fue la
gubernamental Ley General para Prevenir y Sancionar el Secuestro que
pide colocar brazalete a los secuestradores que cumplieron su pena,
imponer prisión vitalicia a los policías y demás agentes de
seguridad implicados en el delito.

Además, garantizar la
reparación de los daños ocasionados y la
devolución del pago de la recompensa, entre otras medidas.

Otro
de los participantes de la mesa fue el embajador de Colombia
en México, Luis Camilo Osorio, quién consideró necesario una policía
especializada para atender este delito, crear las condiciones para
una negociación, así como evitar un fondo de pago de recompensas.

También
asistieron diputados, activistas, juces y algunos
funcionarios mexicanos, quienes coincidieron en crear un fondo
económico ciudadano para enfrentar el secuestro, cancelar las
cuentas bancarias para pago de secuestros y nombrar a un fiscal
especial antisecuestro.

El magistrado del noveno Tribunal
Colegiado Penal del Primer
Circuito del Distrito Federal, Humberto Manuel Román, propuso
establecer programas que aplican otros países que ofrecen
recompensas penales para enfrentar el delito del secuestro en tanto
que la activista mexicana Isabel Miranda de Wallace se pronunció por
la pena capital.

El especialista en liberación de rehenes por
secuestro Max
Morales propuso además la reparación inmediata del daño para evitar
que las autoridades se queden con el dinero del pago de rescate y en
caso de que el secuestrador sea extranjero no tenga posibilidad de
ser extraditado.