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Una fecha clave en la odisea de la reforma

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Alrededor de 100.000 personas de todo EEUU marcharán en Washington el próximo 21 de marzo para exigir que el Congreso deje de un lado la demagogia y apruebe este año la reforma migratoria, en lo que será apenas el comienzo de un prolongado activismo.

Una marcha nacional en 2006 no sólo demostró al mundo el creciente poder político de la comunidad inmigrante sino que logró sepultar una medida republicana que criminalizaba la presencia de inmigrantes indocumentados y a quienes les brindaran ayuda.

Ahora, los grupos pro-reforma volverán a las calles con las consignas de siempre para recordarle al presidente de EEUU, Barack Obama, y a los demócratas en el Congreso su deuda con los hispanos.

La movilización nacional será una palpable advertencia para quienes buscarán la reelección en noviembre próximo y que hasta ahora no han hecho más que ofrecer discursos demagógicos en torno a la reforma.

La Marcha Por América, respaldada por más de 700 organizaciones de base y promovida en mensajes de texto y redes sociales como Facebook y Twitter, es una idea "que surgió del pueblo" y se alimenta de la frustración de los inmigrantes por las promesas vacías de la Administración, según sus organizadores.

Los manifestantes vendrán a Washington en caravanas de autobuses de estados de toda la costa Este del país y de sitios más lejanos como California, Illinois, Iowa, Michigan, Tennessee y Texas.

"Este es un esfuerzo que surgió del pueblo, de las organizaciones de base que tienen contacto directo con la gente afectada por la falta de la reforma", explicó este miércoles Mary Moreno, activista del Centro para un Cambio Comunitario, en Washington, quien calculó que la marcha tendrá alrededor de 100.000 personas.

"No se ha visto ningún avance en el Congreso sobre este tema. En la Cámara de Representantes ya hay un proyecto de ley, pero seguimos esperando la propuesta del Senado", señaló.

Según Moreno, esta vez "la comunidad está muy unida" y la marcha "será el primer paso" de un prolongado activismo hasta que Obama promulgue, ojalá este mismo año, una reforma que permita la legalización de la población indocumentada.

Todavía no hay datos oficiales que confirmen el fin de la peor recesión en EEUU desde la Gran Depresión de la década de 1930, y es entendible que la crisis económica siga dominando el quehacer político en el país.

También es entendible que la reforma del sistema de salud sea otra de las fijaciones de la Administración Obama, que la ha venido impulsando desde hace más de nueve meses. Mañana mismo Obama tiene previsto continuar su cortejo de la oposición sobre este tema.

Pero Obama, el candidato, dijo que, cual malabarista, "parte del trabajo del presidente es ser capaz de manejar más de una cosa a la vez".

Por ello, la pregunta en boca de muchos activistas es por qué tanto retraso en siquiera comenzar el debate, especialmente cuando muchos estudios han corroborado los beneficios económicos de una eventual reforma migratoria.

El cronograma frustra a muchos: en febrero de 2009, Obama destacó la necesidad de comenzar el diálogo sobre la reforma, y en abril de ese año, su Administración dijo que comenzarían las negociaciones en mayo.

Pero al cumplir sus 100 días en la Casa Blanca, no hubo mención de la reforma en la lista de prioridades. Luego vinieron más promesas y reiteraciones de "compromiso", y terminó el año sin la iniciativa.

La percepción que queda es que esta reforma podría convertirse en una causa perdida, no sólo porque sus detractores -especialmente del ala derecha del Partido Republicano- manipulan bien el mensaje anti-inmigrante sino porque los demócratas tampoco mueven palanca.

Al entonces presidente George W. Bush se le acusó de no invertir suficiente capital político para lograr la reforma migratoria.

Ahora Obama afronta quejas similares y el escenario amenaza con repetirse: en la blogósfera se multiplican las advertencias de que, sin esa reforma, el inquilino de la Casa Blanca podría, para goce de los republicanos, ser presidente de un sólo mandato.

La marcha del próximo 21 de marzo servirá como una especie de alerta para que Obama comprenda esa posibilidad y presione al Congreso a que actúe ya.

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