Colombia ha registrado avances en la
lucha contra la impunidad en los delitos relacionados con
periodistas al juzgar a cinco personas acusadas de ser autores
materiales de tres asesinatos registrados entre 2001 y 2007, dijo este viernes la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Sin embargo, la SIP expresó preocupación porque en "16 años solo
se han dictado 24 sentencias condenatorias en 15 de los 59
asesinatos que habrían tenido como móvil la actividad periodística".

Del total de condenas "solo una fue dictada contra un autor
intelectual", precisó la organización, con sede en Miami (EEUU).

El presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, saludó por un lado
"los esfuerzos del último año en Colombia para procesar a los
asesinos de periodistas", pero contrastó que "pese a la disposición
de las autoridades para que estos crímenes no queden impunes, se
observan pocos resultados".

Aguirre, subdirector de Diario Las Américas, de Miami, acotó que
"es importante mantener el ritmo de 2009 en la resolución de otros
casos para demostrar que la aplicación de justicia es necesaria,
posible y efectiva".

Un estudio de la Unidad de Respuesta Rápida (URR) de la SIP en
Colombia para analizar el estado de los procesos judiciales
determinó que los casos de "16 de los 59 asesinatos por razones de
oficio, están archivados, suspendidos o se encuentran en distintas
fiscalías alrededor del país".

Asimismo, se detectó que otros 26 casos continúan en etapa de
indagación preliminar, pese a que los delitos ocurrieron hace varios
años, "lo que demora aún más la aplicación de la justicia".

El estudio reveló que de los "131 asesinatos de periodistas
ocurridos entre 1993 y 2009, sólo 59 estarían ligados al ejercicio
profesional; mientras que en 22 casos no se han logrado establecer
sus causas y que 50 habrían ocurrido por razones distintas a la
actividad periodística".

La SIP resaltó que un elemento significativo en la lucha contra
la impunidad es que diez casos están en vías de ser esclarecidos, a
raíz de "confesiones hechas por paramilitares de las Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC), en el marco de la ley de Justicia y Paz,
que otorga beneficios penales a quienes provean información sobre
los asesinatos contra periodistas".