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La receta milagrosa para solucionar en
gran parte el actual problema de desempleo que experimenta el país
pretende haberla encontrado el representante a la Cámara Baja del
Distrito 42 de California, Gary Miller, quien se encuentra promocionando
su proyecto de ley LEAVE entre sus colegas del Congreso.

 

Para
agregar copatrocinadores a los 14 cosignatarios, el congresista Miller
ha estado enviando una comunicación a sus pares en la que priman las
matemáticas puras y el menosprecio por el género humano.

 

"Actualmente,
se calcula que ocho millones de ilegales tienen empleo mientras más de
15 millones de estadounidenses están desempleados", dice Miller.

 

"Simplemente
con aplicar las leyes de inmigración, se crearán ocho millones de
empleos para ciudadanos y trabajadores legales", concluye el legislador.

 

Miller
argumenta que los indocumentados se "robaron" esas plazas y su proyecto
de ley es la fórmula para recobrarlos.

 

El representante
esboza una estrategia que promete reducir el número de "ilegales" en un
millón y medio cada año, con una proyección de disminuir la actual
población indocumentada del país a la mitad en un periodo de cinco años.

 

La
serie de medidas, que tiene como plato fuerte quitar la ciudadanía a los
hijos de indocumentados nacidos en Estados Unidos, está aderezada con
otros componentes nocivos.

 

El proyecto H.R. 994 regula las
identificaciones válidas para abrir cuentas bancarias y prohíbe dar
créditos hipotecarios o préstamos regulares a quienes no posean los
documentos permitidos, es decir los que no son accesibles para los
"ilegales".

 

Para asegurar sus objetivos, elimina
cualquier posibilidad de que los indocumentados puedan obtener licencias
de conducir y modifica los criterios de expedición de los números de
identificación personal o itins, impidiendo que quienes no tienen
estatus migratorio puedan pagar impuestos y así cumplir sus obligaciones
con el Tío Sam.

 

Tampoco se les permitiría a los
indocumentados realizar transferencias de dinero a México, estableciendo
directrices con este fin a la Reserva Federal.

 

La
normativa propone ampliar el sistema de verificación de empleo E-Verify,
vedar el alquiler de vivienda o alojar a indocumentados y penalizar a
las ciudades santuario.

 

Impedir que los estudiantes
indocumentados puedan ingresar a instituciones de educación superior es
otra de las premisas del proyecto de ley de Miller, que complementa su
menjurje respaldando los programas de cooperación entre entidades
federales e instituciones estatales y locales para deportar
indocumentados.

 

Al congresista no se le escapa otorgar
fondos para completar la construcción del muro en la frontera con
México.

 

Miller presentó su proyecto de ley el 11
de febrero, pero previamente el 21 de enero el representante Jason
Chaffetz, de Utah, introdujo su resolución 1026 que apela a un lenguaje
patriótico para repudiar a los indocumentados y cerrar el camino a una
reforma migratoria integral.

 

La llamada resolución BRIDGE (Puente)
que habla de paz, prosperidad y libertad cuenta con 54 copatrocinadores y
entrega como colofón que no se apruebe ningún tipo de legalización.

 

Hay
quienes sostienen que la propuesta de Miller y la resolución de
Chaffetz no van a ninguna parte y no serán aprobadas en la Cámara Baja,
pero encarnan la filosofía anti inmigrante del movimiento de moda, de
los amotinados del té, de los simpatizantes del llamado Tea Party.

 

Lo
peor que podrían hacer los pro inmigrantes sería desconocer la espada de
Damocles que representan estos proyectos que buscan hacer realidad la
expulsión de los 12 millones de indocumentados.

 

Creo
que sobran razones para salir a la calle en Washington el próximo
domingo 21 de marzo. No queda otro camino que instar al presidente Obama
a que cumpla su palabra y recordarle a muchos miembros del Congreso que
la catapulta de su elección fue el voto hispano. 

 

Rafael
Prieto Zartha es Asesor de Medios de Comunicación en Español para
America’s Voice
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