La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) considera que el Gobierno de Venezuela "atenta"
contra la democracia y los derechos humanos, pues existen "serias
restricciones" al pleno goce de esas garantías en el país andino.

En su informe sobre la situación de los humanos en Venezuela,
publicado el miércoles, la CIDH afirma que la intolerancia política, la falta
de independencia de los poderes del Estado, las restricciones a la
libertad de expresión y a la protesta pacífica, la hostilidad hacia
los disidentes, la violencia y la impunidad "limitan seriamente la
vigencia" de los derechos en ese país.

"En Venezuela se ha atentado contra uno de los pilares básicos de
los sistemas democráticos, como es el respeto de los derechos
fundamentales de los individuos bajo los principios de igualdad y no
discriminación", recalca la Comisión en su esperado documento, que
tiene 322 páginas.

En "Democracia y Derechos Humanos en Venezuela", el primer
informe que la CIDH dedica íntegramente a este país desde 2003, el
organismo dice además que el Gobierno de Hugo Chávez ha adoptado una
actitud de "rechazo" hacia las recomendaciones de organizaciones
internacionales con el argumento de van contra la soberanía
nacional.

La CIDH, que ha tenido que elaborar el análisis sin haber podido
visitar Venezuela, ante la negativa del Gobierno a autorizarla,
considera que el Estado debe intensificar sus esfuerzos para
proteger mejor y de manera más efectiva los derechos humanos.

El informe podría servir a la Organización de Estados Americanos
(OEA) para plantearse por primera vez iniciar seriamente un debate
en torno a sus denuncias y estudiar qué consecuencias tienen en
virtud de lo estipulado en la Carta Democrática Interamericana.

La Comisión afirma que en Venezuela no existe una efectiva
separación e independencia de los poderes públicos, no se garantiza
a todas las personas el pleno ejercicio de sus derechos con
independencia de su posición frente al Gobierno y se utiliza el
poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en
razón de su opinión política.

También indica que en Venezuela no existen las condiciones para
que los defensores de derechos humanos y los periodistas ejerzan
libremente su labor y hay un patrón de impunidad en los casos de
violencia, que afecta particularmente a los comunicadores sociales,
defensores de derechos humanos, sindicalistas, manifestantes,
presos, campesinos, pueblos indígenas y a las mujeres.

La CIDH considera preocupante que, a través de mecanismos como la
inhabilitación política de candidatos o la modificación de
competencias de ciertas autoridades hasta vaciarlas de contenido, se
haya restringido los derechos políticos a quienes mantienen una
línea crítica del Gobierno venezolano.

La Comisión subraya que en general los ciudadanos y
organizaciones que expresan su disenso son víctimas de represalias,
intimidación, descalificación, exclusión, discriminación laboral e
incluso son perseguidos por la justicia y privados de su libertad.

La CIDH observa con "preocupación" que en los últimos años se
hayan adoptado importantes reformas al marco jurídico que tienden a
cerrar y no a promover el debate público.

Denuncia los "numerosos actos de violencia e intimidación" de
grupos de choque contra periodistas y medios de comunicación, las
descalificaciones vertidas por funcionarios de alto rango, y la
apertura sistemática de procesos administrativos fundados en normas
legales vagas que permiten un alto nivel de discrecionalidad al
momento de ser aplicadas y sanciones desproporcionadas.

La CIDH considera "alarmante" el número de veces que se han
denunciado o comprobado ejecuciones extrajudiciales, torturas,
desapariciones forzadas, amenazas de muerte, abusos de autoridad y
tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de agentes
estatales.

La represalia contra el disenso, los ataques contra los
defensores y los periodistas, la represión de la protesta pacífica,
los abusos de la fuerza estatal, el crimen común y organizado, la
violencia ejercida en las cárceles y contra la mujer, y otras graves
violaciones de derechos humanos suelen quedar impunes, asegura.

La CIDH considera que la falta de independencia y autonomía del
poder judicial "constituye uno de los puntos más débiles de la
democracia venezolana" y ha permitido que se utilice el poder
punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos
humanos, judicializar la protesta pacífica y perseguir penalmente a
los disidentes, agrega.