México ha ingresado como
miembro de pleno derecho en la Comisión Europea para la Democracia a
través del Derecho (Comisión de Venecia), tras su participación
varios años como país observador.

Según informaron fuentes diplomáticas mexicanas, el
ingreso supone "la consolidación del reconocimiento internacional a
los esfuerzos de avance democrático" y permitirá una "mayor
interacción" con los avances democráticos en Europa.

Además, se valora la posibilidad de aprovechar las experiencias
en asuntos relevantes para México, como los derechos políticos de
las minorías, la democracia directa, y la financiación y deontología
de los partidos políticos.

El Tribunal Federal Electoral, el Instituto Federal Electoral y
la Corte Suprema de Justicia mexicana habían expresado un "gran
interés" para que México formara parte de la Comisión de Venecia y
se convirtiera así en su estado miembro número 57.

Creada en 1990, la Comisión de Venecia promueve la democracia a
través del derecho, ofrece consejos jurídicos a los países que lo
demandan y asiste a los mismos para adecuar los marcos jurídico y
constitucional a los estándares del Consejo de Europa.

Está compuesta por expertos independientes en materia
constitucional y trabaja de manera estrecha con los tribunales
constitucionales y supremos, con el objetivo de reforzar su
independencia y facilitar el intercambio entre ellos.

Aparte de los 47 Estados miembros del Consejo de Europa, forman
parte de la Comisión de Venecia Kirguizistán (2004), Chile (2005),
Corea (2006), Marruecos y Argelia (2007), Israel y Túnez (2008),
Perú y Brasil (2009).

La Comisión Europea, África del Sur y la Autoridad Nacional
Palestina disponen de un estatus especial de cooperación,
equivalente al que tienen como observadores Argentina, Uruguay,
Canadá, Estados Unidos, Japón, Kazajistán y la Santa Sede.

Bielorrusia, único país europeo que no pertenece al Consejo de
Europa, es miembro asociado.

La Comisión de Venecia está presidida por Gianni Buquicchio y
celebra cuatro sesiones plenarias al año en la Scuola Grande San
Giovanni Evangelista, de Venecia.

En su última sesión plenaria celebrada en diciembre, la Comisión
abordó el proyecto de revisión constitucional en Luxemburgo, el
proyecto de ley armenio para indemnizar a las víctimas de difamación
en prensa y un informe sobre la anulación de resultados electorales.