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Nueva estrategia contra la violencia salvadoreña

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La Fuerza Armada de El Salvador
entregó este domingo, en calidad de préstamo, a la Policía una dotación de
fusiles, cartuchos y cargadores para reforzar su acción contra la
violencia, en el marco de la nueva política de seguridad oficial.

"Por decisión del señor presidente (Mauricio Funes) se tomó la
decisión de que la Fuerza Armada le proporcione en calidad de
préstamo 700 fusiles a la Policía Nacional Civil (PNC)", dijo el
ministro salvadoreño de Justicia y Seguridad, Manuel Melgar.

El funcionario, al intervenir en un acto de entrega simbólica del
armamento, señaló que los policías "muchas veces tienen que
enfrentarse a bandas que tienen un poder de fuego en muchas
ocasiones superior".

Melgar indicó que estos fusiles serán destinados principalmente a
las unidades que operan en las zonas rurales.

"Es conveniente no solo para su propia defensa, sino ante todo
para defender a las personas de la agresión de los delincuentes",
añadió el ministro y confirmó que se usarán algunas instalaciones
militares para que puedan descansar aquellos policías que deban
estar "disponibles" todo el tiempo para acompañar los operativos.

El viceministro salvadoreño de Defensa, general José Atilio
Benítez, ordenó la entrega de los fusiles, como una de las medidas
incluidas en la estrategia de seguridad oficial anunciada el
viernes.

"La Fuerza Armada de El Salvador entrega en calidad de préstamo a
la Policía Nacional Civil 700 armas de uso privativo de la
institución, con sus municiones y los accesorios respectivos, que
estamos seguros permitirán al cuerpo de seguridad mayor versatilidad
y capacidad de respuesta", sostuvo.

Funes puso en marcha una política de seguridad con la que busca
contrarrestar la violencia que causa, en promedio, 13 muertes al día
en el país más pequeño de América, con una población de 6,1 millones
de habitantes.

El mandatario ha involucrado a las Fuerzas Armadas en el combate
a la criminalidad, después de que esa institución viera limitada su
actuación a la defensa de la soberanía en virtud de los Acuerdos de
Paz firmados tras la guerra civil en el país (1980-1992).

 

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