Los senadores Charles Schumer y
Lyndsey Graham, los legisladores de referencia en la agenda de
inmigración, presentaron este jueves su propuesta marco, de cuatro puntos,
para la reforma migratoria.

Los dos senadores, demócrata y republicano respectivamente,
proponen reforzar la seguridad en la frontera; poner en marcha una
vía "dura, pero justa" de legalización para los indocumentados;
tarjetas de Seguridad Social biométricas que impidan que los
trabajadores ilegales puedan obtener empleos, y el establecimiento
de un proceso de admisión de trabajadores temporales.

El plan se presenta en un artículo que firman los dos
legisladores en la edición que publicará mañana el diario "The
Washington Post", y que ya se encuentra disponible en su página de
Internet.

"Nuestro sistema de inmigración está gravemente quebrado",
afirman Schumer y Graham, que aseguran que "el bienestar económico y
la seguridad de EEUU depende de la puesta en práctica de políticas
de inmigración sensatas".

Según el plan de los dos senadores, los ciudadanos y los
inmigrantes legales que quieran trabajar en EEUU requerirán una
tarjeta de la Seguridad Social a prueba de falsificación y de alta
tecnología, que contendrá los datos biométricos de su portador.

Los empleadores deberán comprobar esas tarjetas antes de
contratar a nadie, según la propuesta.

Para acallar los temores de aquellos preocupados por el impacto
de esas tarjetas en la intimidad personal, los senadores matizan que
esos documentos "no contendrán ninguna información privada, médica o
artilugios localizadores".

Los legisladores prometen también una "tolerancia cero" para los
delincuentes que cometan delitos, y prevén más personal y más medios
para la Patrulla Fronteriza.

Pero "poner fin a la inmigración ilegal no puede ser el único
objetivo de la reforma. El desarrollo de un sistema racional de
inmigración legal es imprescindible", arguyen.

Así, los extranjeros que completaran estudios avanzados
científicos o tecnológicos en universidades estadounidenses podrían
recibir la residencia.

También crearía un sistema para admitir a trabajadores con menor
capacitación y permitir su regreso a sus países al cabo de un
tiempo.

Los trabajadores que hayan tenido éxito en su trabajo, y que
hayan contribuido a sus comunidades a lo largo de los años, podrán
también acceder a un permiso de residencia, según este plan.

Los once millones de indocumentados que se calcula residen en
territorio estadounidense contarán también con una vía para la
legalización.

"Tendrían que admitir que violaron la ley y pagar su deuda a la
sociedad mediante el cumplimiento de servicios comunitario y el pago
de una multa e impuestos atrasados", explican los senadores.

Además, tendrían que someterse a una investigación sobre sus
antecedentes y dominar el inglés antes de poderse poner a la cola de
los inmigrantes que esperan su turno para conseguir la residencia
permanente.

Según Schumer y Graham, "el pueblo estadounidense merece más que
una retórica vacía y llamamientos poco prácticos a una deportación
masiva".

"Instamos al público y a nuestros colegas a unirse a nuestros
esfuerzos bipartidistas para poner en marcha estas reformas",
concluyen.

La propuesta marco de los dos senadores ha sido acogida con
satisfacción por la Casa Blanca.

En un comunicado, el presidente Barack Obama, que se reunió la
semana pasada con los dos legisladores para examinar sus propuestas,
consideró la iniciativa "prometedora" y aseguró que debe representar
"la base para avanzar".

Su Gobierno continuará sus consultas con los dos senadores sobre
los detalles de la iniciativa, pero un paso "crítico", a su juicio,
será "traducir este proyecto marco en una propuesta legislativa, y
que el Congreso actúe lo antes posible".

"Prometo hacer todo cuanto esté en mi mano para conseguir un
consenso bipartidista este año en este importante asunto, de modo
que podamos avanzar para una reforma migratoria exhaustiva", declaró
Obama.

El presidente estadounidense se había comprometido durante su
campaña a sacar adelante una reforma migratoria durante su mandato,
lo que le valió que dos tercios de los votantes hispanos le
entregaran su voto en los comicios de 2008.