La campaña Reforma Migratoria PRO América anunció esta semana la realización de una manifestación nacional que tendrá lugar el 21 de marzo, con la participación de decenas de miles de personas que se desplazarán a Washington D.C. para pedir la aprobación de una reforma que componga el sistema migratorio.

La Marcha PRO América, (www.marchaproamerica.org) unirá a líderes y organizaciones sindicales, religiosas, y comunidades a través del país para exigir al Congreso que actúe respecto a uno de los temas más importantes para el país.

“La gente estadounidense exige que el Congreso proporcione resultados y soluciones. Los estadounidenses quieren un sistema migratorio que funcione”, señaló Ali Noorani, director Ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración y presidente de la Campaña.

“Ya es hora de que ambos partidos trabajen juntos para crear una propuesta bipartidista que arregle nuestro quebrantado y obsoleto sistema migratorio”, agregó Noorani.

El mal clima está en el Dream Act

Los cuatro jóvenes que recorrerán  1.500 millas a favor de una reforma migratoria están tratando de adaptarse al clima de cambio constante a medida que viajan hacia el norte por la costa este. En los últimos días han estado luchando con los resfriados, tos y otras enfermedades gracias a el mal clima que han tenido en el camino.

Con un paso lento pero seguro, el grupo del camino de los sueños espera llegar a Atlanta para los últimos días de este mes. “No importa con lo que nos topemos en el camino, nosotros llegaremos el primero de mayo a Washington”, dijo Carlos uno de los caminantes.

Los caminantes salieron desde el primero de enero de Miami para cumplir con su camino de los sueños hacia Washington, a donde planean llegar en mayo.

MALDEF se une a demanda por discriminación

El Fondo México Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF) anunció el pasado jueves que se unió a una demanda por discriminación en el trabajo contra la Asociación de Jubilados de Estados Unidos (AARP).

La organización de defensa de los derechos civiles se sumó como consejera en el caso Moreno vs. AARP que acusa a la asociación de negarse a promover en sus cargos directivos a latinos y nativo americanos en California.

“MALDEF se está uniendo a esta demanda como una muestra de su compromiso desde su fundación por defender la diversidad en el país”, aseguró en conferencia de prensa su presidente y consejero general, Thomas Sáenz.

El directivo señaló que aunque AARP busca atraer a los latinos para que sean miembros de su organización, internamente tiene otra postura.

“De la misma forma (AARP) debería incorporar a los latinos en todos los niveles de su liderazgo”, argumentó Sáenz.

Polémica propuesta para prohibir ciudadanía 

La iniciativa republicana para prohibir la ciudadanía automática a niños nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados es un ejercicio de retórica que viola la Constitución y que, si es aprobada, nos regresaría a prácticas comunes durante la era de la esclavitud.

No es la primera vez que algunos republicanos, y grupos conservadores afines, quieren abolir la ciudadanía automática a niños nacidos en EE.UU. de inmigrantes sin papeles.

La idea cobró fuerza durante la década de 1990 y, de hecho, fue incluida en la plataforma del Partido Republicano en 1996, pero no prosperó porque viola la 14 enmienda de la Constitución.

Sólo que ahora, frente a la crisis económica que sigue golpeando a las clases media y trabajadora, sus promotores insisten en que es urgente eliminar los resquicios e incentivos de la inmigración ilegal.

La iniciativa que promueve el legislador republicano Gary Miller se conoce en inglés como “LEAVE Act”, que se traduce en una orden para que los inmigrantes se vayan.

El proyecto de ley incrementa los recursos para la policía local y los agentes fronterizos en contra de esos inmigrantes.

Según explicó recientemente Miller, la medida es la “mejor solución” a los problemas que aquejan al país, en unos momentos en que más de 15 millones de estadounidenses están desempleados mientras “siete millones de indocumentados” sí tienen trabajo.

Miller asegura que su medida reduciría en más de la mitad la población indocumentada en cinco años y crearía siete millones de puestos de trabajo para los ciudadanos y residentes legales.