El asesinato de mujeres en el que incurre
un componente de género, conocido como 'femicidio', y la trata de
personas, son dos fenómenos al alza en los países de Centroamérica,
una región en la que, además, crece la presencia femenina realizando
trabajos domésticos en condiciones precarias.

Las cifras que subrayan la escalada de violencia contra las
mujeres que vive la región desde el año 2000 centraron la reunión
que mantuvieron hoy en Madrid responsables de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y del Consejo
de Ministras de la Mujer de Centroamérica (COMMCA).

Ambos organismos han trabajado conjuntamente en la elaboración de
tres estudios, sobre femicidios, trata de mujeres y situación
laboral de las empleadas domésticas remuneradas en la franja que
conforman los países centroamericanos y la República Dominicana.

La directora ejecutiva del Centro Feminista de Información y
Acción, Ana Carcedo, responsable de la investigación realizada en
relación a los femicidios, señaló que desde principio de este siglo
"se están disparando tanto las muertes violentas de mujeres, en
general, como aquellas en las que existe un componente de género".

Algunos países del área estudiada superan tasas de diez por cien
mil en homicidios de mujeres, es decir, "están alcanzando la
categoría de epidemia", añadió.

Entre 2003 y 2009, el número femicidios en Centroamérica y la
República Dominicana "prácticamente se duplicó", ya que pasaron de
un total de 1.006 a registrarse unos 2.000 sólo en tres países.

Guatemala es, según la responsable del estudio sobre la violencia
contra las mujeres, el país de la región que alcanza un mayor índice
de asesinatos femeninos, con 5.027 homicidios contabilizados desde
el 2000 hasta el año pasado.

"Hablamos en términos de escalada para referirnos a este tipo de
muertes, porque las cifras no paran de crecer, particularmente,
además de en Guatemala, en Honduras, El Salvador y la República
Dominicana", explicó Carcedo.

La especial dificultad para combatir todo tipo de violencia
contra la mujer en Centroamérica se refleja también en el aumento
que ha experimentado en los últimos años la trata o tráfico de
personas, "un problema cuya existencia no se reconoce públicamente
en la región".

El estudio realizado por el equipo dirigido por Ana Hidalgo,
coordinadora de la Unidad de Trata de Personas para Centroamérica y
México de la Organización Internacional para las Migraciones, se
centró, sobre todo, en las mujeres adultas que han sobrevivido a esa
experiencia.

A partir de 46 testimonios, la investigación concluyó que se
trata de "un problema en expansión en todos los países del área", y
que su fines no se limitan a la explotación sexual, sino también a
la laboral, "es decir, que son víctimas en diferentes contextos que
se suceden unos a otros hasta ser esclavas domésticas".

Otra cuestión importante que el estudio sacó a la luz es la
existencia mayoritaria de una "trata interna" y de un "mercado
regional", en el que países como México, Guatemala y Costa Rica
aparecen como lugares con mayor concentración.

La falta de una respuesta institucional, "ninguna de ellas había
recibido asistencia", la complicidad policial o las normativas
"dispares" entre países, son obstáculos extra a la lucha contra ese
tipo de explotación que "recluta víctimas constantemente".

"La mayoría de las mujeres eran sobrevivientes que nunca habían
contado su historia, y cuya relación con la institucionalidad era
negativa tras sufrir deportaciones o la corrupción de algunas
autoridades", indicó Hidalgo.

El tercer estudio presentando destaca que más de un millón de
mujeres realizan trabajos domésticos remunerados en Centroamérica,
una tendencia al alza, cuyo principal problema es la carencia de una
normativa "que permite la violación de sus derechos, el acoso sexual
y la violación en algunos países".

"La investigación constató que estamos hablando de uno de los
sectores de mayor precariedad en la generación de empleo por las
condiciones en que la mayoría de las mujeres realizan su trabajo",
explicó María Rosa Renzi, coordinadora regional del Programa Agenda
Económica de las Mujeres de UNIFEM.

Renzi subrayó que la "prácticamente nula" legislación sobre las
características de este tipo de empleo en los países
centroamericanos, permite la violación de los derechos laborales de
las mujeres y las agresiones sexuales a las que se enfrentan en el
ejercicio de su trabajo.