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Uribe propone red de estudiantes informantes

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La decisión del presidente colombiano,
Álvaro Uribe, de convertir a estudiantes de Medellín en informantes
del Ejército fue criticada hoy por diversos sectores que la
calificaron como "un error monumental" que muestra que la situación
de violencia en esa ciudad está fuera de control.

El candidato presidencial del Partido Liberal (oposición), Rafael
Pardo, aseguró a periodistas que se trata de un "anuncio
desesperado" que muestra que la situación de violencia en Medellín
se salió de control.

"Estoy seguro que no se va poner en práctica, pero muestra que en
Medellín está todo fuera de control y que esta es la repuesta a la
violencia en Medellín", dijo el también ex ministro de Defensa.

Pardo añadió que decir que un grupo social específico va a ser
parte de la red de inteligencia de la Fuerza Pública es "ponerlo en
riesgo, quitarle efectividad y además generar retaliaciones entre
las personas que ejercen la violencia con ese grupo específico".

Por su parte, el aspirante presidencial independiente Sergio
Fajardo indicó que es "un error monumental porque va en contravía de
lo que tiene que ser la educación".

"Esto lo que hace es invitar a jóvenes nuestros a que entren a
ese mundo de la violencia", afirmó Farjardo, ex alcalde de Medellín.

Guillermo Baquero, presidente de la Asociación Colombiana de
Estudiantes Universitarios, cree que esa medida no disminuirá los
delitos ni erradicará el problema de raíz.

El alcalde de Medellín, Alonso Salazar, aseguró a Caracol Radio
que ha pedido al Gobierno un incremento del pie de fuerza, pero que
la Alcaldía de su ciudad nunca tendrá una red de cooperantes.

El mismo funcionario, en declaraciones a la página electrónica
del diario El Tiempo, le pidió al presidente Uribe "reconsiderar" la
propuesta y reconoció que "no dimensionó lo suficiente" el tema y
afirmó que sectorizar "en un grupo puntual" el tema de los
cooperantes es "ponerlos en riesgo".

El ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos anotó que el
programa de informantes "ha sido de una gran utilidad para capturar
a los delincuentes".

"Me imagino que son estudiantes ya con un criterio", aseguró
Santos a esa misma emisora.

El comandante de la Brigada del Ejército que opera en Medellín,
general Alberto José Mejía, aseguró a periodistas que la decisión de
vincular a un millar de jóvenes universitarios de Medellín como
informantes del Ejército "no busca militarizar a los estudiantes".

Entre tanto, el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, indicó
que "los jóvenes de Medellín no pueden ser los sapos (delatores) del
paseo".

El precandidato presidencial por el Partido Verde Luis Eduardo
Garzón aseguró que "ésta es una propuesta que asimila una
'parapolicía' juvenil y que delega a los privados la responsabilidad
que le compete al Estado en materia de seguridad".

El precandidato conservador a la Presidencia de la República
Álvaro Leyva señaló, por su parte, que hay que tener "mucho cuidado"
porque "se pueden beneficiar de la inexperiencia de la juventud, por
lo que se termina procediendo de forma ligera y envolviendo a gente
que no está vinculada al conflicto".

"Convertir a los estudiantes en 'acusetas', no sé si sea lo más
digno para el estudiante, yo los respetaría y no los convertiría en
acusadores", señaló otro precandidato presidencial del partido
conservador, José Galat.

Por su lado, el ministro colombiano de Defensa, Gabriel Silva
defendió el anunció de Uribe y aclaró que los estudiantes menores de
edad no serán aceptados.

El presidente Uribe anunció el martes en Medellín que unos 1.000
estudiantes universitarios de la segunda ciudad colombiana serían
vinculados a la red de informantes y que mensualmente recibirían
alrededor de 50 dólares de "bonificación".

Silva agregó que la propuesta de Uribe busca impulsar "la
política de cooperantes bonificados que ha tenido un inmenso impacto
positivo en la recuperación de la seguridad ciudadana en todo el
país".

Este anuncio generó hoy una fuerte polémica en Colombia, donde la
ONG Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento
(Codhes) señaló que la red de informantes que fomenta el Gobierno
"viola el derecho internacional humanitario" porque "no tiene ningún
control civil".

"Estas redes generan riesgo para la población civil y queremos
saber si el Presidente de la República va a asumir la
responsabilidad de las personas que vayan a ser asesinadas por esa
decisión", dijo el presidente de Codhes, Jorge Enrique Rojas, en una
rueda de prensa.

Agregó que "hay muchos casos de crímenes de la guerrilla
motivados por ese argumento" y puso como ejemplo los asesinatos de
indígenas awá por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), que acusan a los nativos de ser informantes del Ejército y
acaban con sus vidas.

Según Medicina Legal (forense), en 2009 hubo 2.178 homicidios en
Medellín, lo cual representa un aumento del 108 por ciento frente a
los 1.044 delitos de este tipo registrados el año anterior.

Las redes de informantes civiles están contempladas en la
Política de Seguridad Democrática, implementada por Uribe cuando
llegó al poder en 2002 y que ha sido desde entonces el eje de su
gestión en la lucha contra las guerrillas.

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