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Desaparecerá sistema privado de pensiones en Bolivia

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El ministro de Economía y Finanzas
Públicas de Bolivia, Luis Arce, confirmó que las Administradoras de
Fondos de Pensiones (AFP) privadas que operan en el país, y que son
filiales de grupos de España y Suiza, serán sustituidas por una
gestora estatal, según publica hoy el diario La Prensa.

"La Constitución -aprobada en febrero de 2009- ordena una
administración estatal de las pensiones y así va a ser", afirmó el
ministro en entrevista con La Prensa, al confirmar que las AFP serán
sustituidas por tesorerías públicas para la recepción de aportes y
entrega de rentas de jubilación.

Arce recordó que el proyecto sobre la nueva ley de pensiones se
tratará en la Asamblea Legislativa Plurinacional, controlada por el
oficialismo, por lo que se mostró optimista sobre la aprobación de
la reforma para adecuarla al nuevo texto constitucional.

La actual Carta Magna establece que la dirección y administración
de la seguridad social "corresponde al Estado, con control y
participación social" y que "los servicios de seguridad pública no
podrán ser privatizados ni concesionados".

El titular de Economía criticó el sistema actual de pensiones, en
manos de administradoras privadas europeas, y lo tachó de ser un
"sistema de reparto disfrazado porque (...) los afiliados pensaban
que tenían sus aportes en las AFP, pero estaban en el Tesoro General
de la Nación (TGN) para pagar a los jubilados".

El Estado boliviano tiene contratos vigentes desde finales de
1996 con AFP Previsión, perteneciente al Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria (BBVA), y AFP Futuro, del grupo Zúrich Financial Service.

Según informes de finales de 2007, ambas entidades controlan más
de 2.200 millones de dólares y tienen 1,2 millones de cotizantes.

En diciembre de 2008 la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de
ley presentado por el Ejecutivo que habilitaba a dos AFP, una
privada y otra pública, para que el aportante pudiera elegir a cuál
acogerse.

Arce, ministro de Economía durante todo el primer mandato de Evo
Morales y confirmado para la segunda gestión, lamentó que "los
Gobiernos neoliberales obligaron a las AFP a comprar títulos del
Tesoro General, y éstas, como vieron que era un buen negocio,
voluntariamente también hacían inversiones".

En los 13 años de trabajo de las administradoras de pensiones
privadas en Bolivia, el Estado adquirió una deuda de 3.200 millones
de dólares con estas entidades, explicó el funcionario.

Por ello, Arce considera que estas administradoras privadas "han
ganado bastante sin un mínimo esfuerzo" por los intereses y las
comisiones por manejar los aportes de los trabajadores y aseguró que
el Ejecutivo no dará más recursos a las AFP.

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