Al menos
cinco
condados de Carolina del Norte en los que funciona el programa 287g
han deportado indocumentados por delitos menores, incumpliendo la
finalidad del mismo, que busca expulsar a delincuentes peligrosos,
afirma un estudio dado a conocer el lunes.

"Encontramos que la mayoría
de los inmigrantes sin papeles fueron
deportados por faltas de tránsito y no por crímenes serios", dijo en
un comunicado Hannah Gill, directora asistente del Instituto de
Estudios de las Américas y coautora del estudio junto con Mai
Nguyen, profesora de Universidad de Carolina del Norte-Chapel Hill
(UNC).

Para dicho estudio se analizó la información proporcionada
por
los departamentos del alguacil de los condados Alamance, Cabarrus,
Gaston, Mecklenburg y Wake donde se ha registrado una alta
concentración de hispanos entre los años 2007 al 2009.

La sección
287g de la ley de inmigración vigente desde 1996
permite a los gobiernos locales establecer acuerdos con el
Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que sus agentes
ejerzan algunas funciones de inmigración.

Gill y Nguyen
descubrieron que el 86,7% de los detenidos, cuyas
huellas digitales fueron revisadas por los alguaciles durante el
proceso de ingreso a las penitenciarías, estaban acusados de delitos
menores en comparación con el 13,3% que estaban encerrados por
delitos graves.

Gill resaltó que el programa otorga a las
agencias locales del
orden público una herramienta "para realizar investigaciones de
crímenes violentos como tráfico de personas, actividades de
pandillas, narcotráfico, lavado de dinero, entre otros".

"Los
resultados apuntan a que las agencias en Carolina del Norte
con el 287g no dan prioridad a lo estipulado por inmigración y en
cambio se enfocan en faltas menores. Estos inmigrantes no
representan una amenaza para la ciudadanía", señala la
investigadora.

Aunque los inmigrantes pueden salir de las
cárceles bajo fianza
mientras su proceso continúa en las cortes de inmigración, el
Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) también ofrece la
deportación voluntaria que muchos firman, resalta el estudio.

"Los
inmigrantes no entienden nuestro sistema judicial. Toman las
decisiones sin información", agregó Nguyen.

El trabajo calcula
que el primer año de operación en Alamance
costó 4,8 millones dólares y 5,5 millones en Mecklenburg. En ese
condado se sitúa la ciudad más grande del estado, Charlotte, donde
han sido deportados más de 6.000 inmigrantes desde 2006.

"Los
ciudadanos terminan pagando por todos éstos programas bien
sea por impuestos federales o estatales", concluyó Gill.