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Uribe ordena rescate militar de secuestrados

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El presidente colombiano, Álvaro Uribe,
ordenó el martes el rescate militar del recién capturado gobernador del
Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, y de todos los secuestrados por las
FARC, lo que puede complicar la liberación de dos militares
anunciada hace meses por esa guerrilla.

"No podemos seguir pendientes de los caprichos de los
terroristas. Es la hora de tener firmeza para avanzar en el rescate
militar de los secuestrados", afirmó Uribe en una breve declaración
a la prensa en la Casa de Nariño (sede del Gobierno), en la que
también condenó duramente la captura de Cuéllar.

El gobernador, que hoy cumple 69 años, fue sacado a la fuerza de
su vivienda en Florencia, la capital del sureño departamento del
Caquetá, en la noche del lunes por varios hombres que lanzaron
explosivos contra la casa mientras la familia dormía y mataron
durante el asalto a un policía.

Aunque todavía ningún grupo ha asumido la autoría del secuestro,
las autoridades locales y el Gobierno presumen que los responsables
son miembros de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC), la más antigua de América Latina.

Si se confirma que las FARC son las responsables de este hecho,
Cuéllar se convertiría en el primer político de alto nivel
secuestrado por ese grupo armado en Colombia desde que Uribe llegó
al poder en agosto de 2002.

En febrero de este año los guerrilleros liberaron de manera
unilateral a los dos últimos políticos que tenían en su poder, el ex
gobernador del Meta Alan Jara y el ex diputado del Valle del Cauca
Sigifredo López.

Tras afirmar que el secuestro de Cuéllar le produce mucho "dolor"
y "desesperación", Uribe denunció hoy que su captura es obra de los
"mismos bandidos que quieren hacer de la liberación de los
secuestrados un show".

El mandatario aludió así al anuncio que hicieron las FARC hace
varios meses sobre su disposición a liberar a dos militares (uno de
los cuales, Pablo Emilio Moncayo, cumplió este lunes 12 años de
secuestrado), y a entregar los restos de un policía muerto en
cautiverio.

El Gobierno y los rebeldes se han acusado mutuamente durante
meses de dilatar las gestiones para llevar a cabo esa entrega.

El secretario de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor
Juan Vicente Córdoba, quien hace parte del grupo de mediadores ante
la guerrilla, comentó la semana pasada que esas liberaciones se iban
a producir antes de fin de año, aunque otra de las facilitadoras, la
senadora Piedad Córdoba, aclaró después que tardarían al menos un
mes más.

Uribe reiteró hoy que ha cumplido con todo lo exigido por las
FARC y que, por tanto, ya no cree en las promesas de "esos
bandidos", al insistir en el rescate militar de los secuestrados.

Mientras, el padre de Pablo Emilio Moncayo, el profesor Gustavo
Moncayo, denunció que con esas declaraciones el gobernante "sigue
insistiendo en impedir" la liberación de su hijo y le pidió que no
ponga en peligro la vida de los rehenes con un rescate de ese tipo.

Por su parte, el ministro de Defensa, Gabriel Silva, quien viajó
al Caquetá acompañado por los altos mandos de la Policía y las
Fuerzas Armadas, insistió en que "no se ahorrará ningún esfuerzo"
para rescatar a Cuéllar.

Después de reiterar la recompensa de 1.000 millones de pesos
(unos 500.000 dólares) para quienes aporten información sobre el
rapto del gobernador, Silva detalló que los militares y policías que
rastrean a esta hora los alrededores de Florencia encontraron
abandonada la camioneta que presuntamente usaron los secuestradores.

Además, el Ejecutivo anunció que la actual secretaria general de
la gobernación regional, Olga Patricia Vega, asumirá
provisionalmente las funciones de Cuéllar.

Durante 2008 las FARC sufrieron duros golpes militares, entre
ellos la muerte de su número dos, alias "Raúl Reyes", en el
bombardeo a uno de sus campamentos ubicado en Ecuador y el rescate
en una operación encubierta del Ejército de Ingrid Betancourt, tres
estadounidenses y 11 soldados y policías.

Sin embargo, en noviembre pasado la ONG Corporación Nuevo Arco
Iris alertó en un informe de que la política de seguridad impulsada
por Uribe ha entrado en crisis por la reactivación de las guerrillas
y el surgimiento de grupos de "neoparamilitares".

Según esa ONG, las FARC han incrementado durante este año sus
acciones contra civiles y las Fuerzas Armadas, e incluso han
incursionado en centros urbanos de importancia en el departamento
del Cauca (suroeste).

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