El Estado colombiano debe aceptar la
responsabilidad por la toma guerrillera y el "exceso" de la fuerza
utilizada en la recuperación del Palacio de Justicia, donde en 1985
murió un centenar de personas, consideró hoy la Comisión de la
Verdad conformada hace cuatro años para investigar los hechos.

"Realmente es indiscutible que hubo un exceso de la fuerza
pública en la recuperación, que hubo una gravísima falla en el
servicio al ser retirada sin ninguna justificación valedera (...)",
declaró en Bogotá el magistrado Nilson Pinilla, uno de los tres
miembros del comité investigador.

Por ello, "nosotros consideramos que el Estado colombiano tiene
que aceptar la responsabilidad por esos sucesos", expresó Pinilla al
término de un acto en el que la Comisión de la Verdad sobre los
hechos del Palacio de Justicia (CVPJ) presentó su informe final.

Pinilla conformó junto a los ex magistrados Jorge Aníbal Gómez y
José Roberto Herrera este órgano de investigación, establecido en el
aniversario veinte del llamado Holocausto de la Justicia.

Los hechos comenzaron el 6 de noviembre de 1985 con la irrupción
de cerca de cuarenta rebeldes del ahora disuelto Movimiento 19 de
Abril (M-19) en la sede judicial, situada en el centro histórico de
Bogotá, y terminaron al día siguiente, con la edificación reducida a
escombros por las llamas y las armas pesadas.

Tras la irrupción de los guerrilleros, las Fuerzas Militares
pusieron en marcha una operación para retomar el control del Palacio
de Justicia, hecho que se conoce como "retoma".

Como lo plantean los magistrados, en esa acción se hizo un uso
excesivo de fuerza y no se atendieron los llamamientos tendentes a
proteger la vida de quienes quedaron como rehenes en el edificio.

Además, previo a la incursión, y como también lo exponen los
autores del informe, todo el personal de fuerza pública que tenía a
cargo la protección del Palacio fue retirado de manera inexplicable.

"Sin lugar a dudas, el Estado colombiano tiene que empezar por
reconocer su responsabilidad", insistió Pinilla, que como sus dos
compañeros de tarea presidió en el pasado la Corte Suprema de
Justicia.

No obstante, el magistrado aclaró que la CVPJ no puede establecer
responsabilidades individuales o institucionales en esta acción, una
de las más trágicas en el casi medio siglo del conflicto interno
armado colombiano.

"Nosotros no vamos a manifestarnos en nada que tenga que ver con
responsabilidades individuales", advirtió Pinilla, que hizo mención
de casos como los del presidente de la época, el conservador
Belisario Betancur (1982-1986), y el ministro de Defensa de
entonces, el fallecido general Miguel Vega Uribe.

La gestión judicial de estos hechos ha avanzado en el caso de la
docena de desaparecidos forzados que fueron documentados a partir de
vídeos de medios de comunicación, cargo por el que fue sometido a
juicio el coronel retirado del ejército Alfonso Plazas, cuya
sentencia no ha sido proferida.

La CVPJ confirmó que en la acción militar fueron ejecutados de
manera sumaria varias personas y que otras salieron con vida y luego
desaparecieron.

Además, el comité estableció que "el ministro de Defensa (de la
época) no atendió las llamadas telefónicas que le estaba haciendo el
presidente de la República, y tenemos conocimiento de que la
comunicación entre las fuerzas del Estado, las Fuerzas Armadas y el
presidente de la República fue prácticamente ninguna".

En el texto se indica también que el fallecido narcotraficante
Pablo Escobar, jefe del cartel de Medellín, financió la ocupación
guerrillera del Palacio de Justicia y entregó armas a los
asaltantes.

Escobar "entregó dos millones de dólares" a Iván Marino Ospina,
por entonces jefe del M-19, y miembros de ese grupo guerrillero
recibieron armas para poder llevar a cabo la toma, explicó Pinilla.

El informe del CVPJ, de unos 300 folios, será editado en breve en
libro.