Se espera que continúe el constante batir de tambores de las acusaciones contra el Ejército mexicano cuando Amnistía Internacional dé a conocer su informe (dado a conocer el pasado martes 8 de diciembre) con alegatos de asesinatos extrajudiciales, tortura y detenciones arbitrarias contra soldados que participan en la guerra contra el narcotráfico en el país.

El informe, en consonancia con anteriores análisis de Human Rights Watch y organismos mexicanos de derechos humanos, acusa a los soldados de torturar a 25 policías en Tijuana en marzo para obligarlos a confesar vínculos con el crimen organizado. Dice que se encontró muerto por hemorragia cerebral a un hombre al que arrestaron soldados en octubre en Ciudad Juárez. Dice que el mes siguiente, se llevaron a dos hermanos de esa ciudad y nunca se les volvió a ver.

El Ejército sólo reconoció tener responsabilidad en uno de los cinco casos presentados por Amnistía, el de las muertes de tres hombres detenidos por militares en Nuevo Laredo en marzo. La Secretaría de la Defensa arrestó a 12 soldados y los acusó en relación con la desaparición y muerte de los hombres.

“AI reconoce el serio desafío a la seguridad pública que enfrenta el Gobierno mexicano y su responsabilidad para proteger a la población y la integridad de las instituciones del Estado”, dice el reporte. “La organización entiende que los deberes de las fuerzas del orden en tales situaciones son difíciles y peligrosos para los encargados de mejorar las condiciones de seguridad pública. No obstante, el crimen no se combate con crimen”.

El Departamento de Estado estadounidense emitió en agosto un informe en el que dice que las acusaciones de abusos del Ejército mexicano se han sextuplicado en dos años, desde el inicio de la ofensiva del presidente Felipe Calderón contra los cárteles de la droga en 2006. No obstante, el reporte concluye que México estaba tomando medidas para resolver el problema y que la asistencia estadounidense contra el narcotráfico no debería detenerse como resultado de los alegatos.

“Con todo, lo que hemos estado tratando de hacer es abordar esto en forma constructiva, no entrar en un modo crítico o de acusaciones”, dijo en una entrevista Carlos Pascual, el embajador estadounidense en México.

Señaló que están en marcha las iniciativas bilaterales para resolver el problema, incluidas reuniones entre abogados militares estadounidenses y sus contrapartes mexicanas.

En agosto, Calderón dijo que el Gobierno está comprometido con “un esfuerzo escrupuloso para proteger los derechos humanos” y que no sabía de “un solo caso” en el que las autoridades no hubiesen respondido a los alegatos contra el Ejército. El Gobierno estadounidense se ha quejado de la naturaleza opaca del sistema de justicia militar de México porque dificulta saber si la Secretaría de la Defensa está tomando en serio las acusaciones en contra de soldados.

“Ha sido extremadamente difícil obtener una respuesta consistente y transparente del Ejército”, dijo Pascual. “Es extraordinariamente difícil tener un sentido de cuán grande pudiera ser el problema, así como de cuáles podrían ser los alegatos falsos y cuáles los verdaderos”.