Amnistía Internacional (AI) demandó el martes un
mayor control de la autoridad civil a los militares mexicanos en la
lucha contra el crimen organizado lanzada en el país tras documentar
una tendencia creciente a las violaciones graves a los derechos
humanos en México.

En la presentación de un informe sobre abusos ocurridos en el
país en los últimos dos años, el portavoz de AI, Alberto Herrera,
sostuvo que hacen falta más "mecanismos de control" y "rendición de
cuentas" en la institución castrense, para frenar la impunidad de
quienes cometieron los abusos y hacia la "cadena de mando".

El informe de AI detalla que en el país existe un "patrón de
graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por miembros
de las Fuerzas Armadas en su desempeño de labores policiales".

Como ejemplo de lo anterior cita el caso de Saúl Becerra Reyes,
de 31 años, quien fue arrestado por soldados en un retén el 21 de
octubre de 2008 y cuyo cadáver apareció a comienzos de marzo de 2009
entre Nuevo Casas Grande y Ciudad Juárez, norte de México.

Las autoridades castrenses, federales y municipales dijeron a la
familia tras el suceso que lo desconocían, lo que imposibilitó
denunciarlo como secuestro o detención ilegal perpetrado
supuestamente por militares ante la Procuraduría General de la
República (PGR, Fiscalía federal).

El certificado de defunción menciona como causa de la muerte "una
hemorragia cerebral por traumatismo craneoencefálico", pero al
cadáver no se le hizo autopsia.

AI destaca que "cada vez son más" los abusos a derechos humanos
que incluyen situaciones de "tortura, desapariciones forzadas,
ejecuciones extrajudiciales, homicidios y detenciones arbitrarias".

Según el informe, en los seis primeros meses de 2009 la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió 559 quejas de abusos a
derechos humanos cometidos por el Ejercito, 1.230 en todo 2008, 367
en 2007 y 182 en 2006.

Sin embargo, la ONG admite que en este momento "no se dispone de
ningún análisis exhaustivo o detallado de la magnitud de las
violaciones" debido a las dificultades para obtener información y a
la "intimidación y amenazas" sufridas por algunos familiares de las
víctimas en los casos.

A pregunta expresa sobre si más que un patrón de abusos lo que
pudiera haber son "errores humanos" de algunos militares, Herrera
dijo que estos "no son permisibles dentro de una institución con el
nivel de responsabilidad y con el riesgo y la delicadeza que saca
adelante, como es el Ejército".

Lamentó la "muy complicada" interlocución de los familiares y las
víctimas que hayan sobrevivido a los abusos con la Secretaría
(ministerio) de Defensa Nacional (Sedena), encargada del control
militar y sometida a su propio fuero de justicia, ajeno al civil.

En el mismo acto, el académico del Instituto Tecnológico Autónomo
de México (ITAM), Miguel Sarre, recordó que AI "no se opone en sí
misma a la presencia del Ejército en tareas de seguridad", pero
exige que lo soldados actúen siempre "apegados a derecho".

En otro evento programado hoy a la misma hora que la presentación
del informe de AI, el presidente Felipe Calderón dijo que México no
cejará en la lucha contra el crimen organizado y desoirá "las voces
que ingenuamente pretenden que simplemente el Estado se retire de
esa lucha, como si esos problemas se fuesen a solucionar por arte de
magia".

Tras conocerse el informe, la Secretaría de Gobernación
(Interior) emitió un comunicado donde señala que "lo analizará con
detenimiento" y en su momento "formulará las consideraciones
puntuales pertinentes".

Recordó que las Fuerzas Armadas participan "de manera subsidiaria
y temporal" en el combate a la delincuencia organizada, a pesar de
que por el momento no hay una fecha clara o estimada para su
retirada.

La dependencia reiteró "su claro compromiso con la promoción y
respeto de los derechos humanos" en México y dijo que "se han
adoptado medidas para prevenir" las "consecuencias" que la acción de
los soldados pudiera generar por su contacto cotidiano con los
ciudadanos.

Actualmente unos 45.000 militares y alrededor de 20.000 Policías
Federales han sido desplegados desde fines de 2006 en el país para
tratar de recuperar el control de las zonas con alta presencia de
los cárteles de la droga, que, además del narcotráfico, actualmente
secuestran y extorsionan a la población para mantener su hegemonía.