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A "pelear" en inglés en Puerto Rico

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La Cámara de Representantes aprobó enmendar el Procedimiento Civil puertorriqueño para permitir que se pueda litigar en inglés sin necesidad de traducir documentos al español, medida que acaba con jurisprudencia de décadas.

El órgano legislativo, con el voto de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP), formación que aboga por la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos, aprobó una propuesta para enmendar la regla 8.7 del Procedimiento Civil, que establece que los procedimientos judiciales deben conducirse en español.

El legislador del Partido Popular Democrático (PPD) Charlie Hernández explicó hoy a Efe que la medida permitirá que se pueda demandar a una persona a través de un documento redactado en inglés sin tener que traducirse al español, lengua materna de casi la totalidad de la población de la isla.

Hernández subrayó que el primer resultado de la medida será que dos partes puedan litigar en un mismo proceso en diferentes idiomas, lo que, en su opinión, carece de sentido.

Además, según apuntó, se producirán casos en los que ciudadanos reciban demandas que no entiendan, lo que obligará, como primera medida, a contratar para su defensa a abogados que dominen el inglés.

Hernández aclaró que en el último momento de la votación se introdujo en la enmienda a la actual normativa que quien así lo desee pueda pedir al juez que los documentos redactados en inglés se traduzcan al español, pero que, en cualquier caso, será el letrado el que decida si accede a esa solicitud.

El legislador matizó que esa medida no introduce ninguna novedad ni compensa el daño que se le causa al hispanohablante, ya que en cualquier sistema judicial puede pedirse al juez la traducción de un documento.

"Litigar en el propio idioma es un derecho constitucional y no puede depender del capricho de ningún juez", sostuvo sobre la polémica iniciativa del PNP que fue aprobada anoche.

Dijo que el juez siempre dispondrá de la última palabra y que no está garantizado que se acceda a esa petición, a pesar, insistió, de ser el español la lengua de, al menos, el 85 por ciento de la población de Puerto Rico.

"Hay jueces que son muy activistas en el tema ideológico y que podrían negar la traducción", sostuvo.

Hernández se preguntó además qué pasará con los documentos en inglés que entren en el sistema judicial puertorriqueño, después de que hayan desaparecido los traductores con la última ronda de despidos del Ejecutivo de Luis Fortuño.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de lo Jurídico y Ética de la Cámara de Representantes, Lisa Fernández, del PNP, aclaró a Efe que lo que la medida aprobada pondrá final es a la actual obligación en el sistema judicial puertorriqueño de traducir al español cualquier documento redactado en otra lengua.

Fernández insistió que hasta ahora todo documento entrante en el el sistema jurídico de la isla debía traducirse, aun cuando, por ejemplo, se tratase de un disputa entre dos compañías estadounidenses que se dirigían querellas en inglés.

Detalló que a partir de ahora si esto ocurre y el juez tiene los debidos conocimientos de inglés no habrá que recurrir a la traducción, que como además dijo supone, en ocasiones, un gasto económico injustificado.

La presidenta de la Comisión de lo Jurídico y Ética de la Cámara de Representantes contradijo la versión de Hernández en lo relativo a la potestad del juez para decidir sobre la traducción de documentos.

Fernández sostuvo que la nueva norma establece que si una de las partes exige la traducción ésta deberá hacerse de forma automática, a pesar de la opinión del juez encargado del caso.

Dijo que en un momento de crisis como el actual no tiene sentido recurrir a la traducción al español si las partes y el juez deciden llevar a cabo en inglés el proceso.

La propuesta aprobada por la Cámara de Representantes deberá ahora estudiarse en un llamado "Comité de Conferencia", del que forma parte el Senado, desde donde, con alguna posible modificación, será remitida al gobernador para su firma.

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