Los indígenas y campesinos guatemaltecos
demandaron el martes al Congreso la aprobación de la Ley de Desarrollo
Rural Integral, que contribuya a paliar la crisis económica y
alimentaria que sufren sus comunidades.

Un dirigente del Consejo Nacional Indígena-Campesina y Popular
(CNAIC-P), Leocadio Jucaran, explicó en una rueda de prensa que la
iniciativa de ley, presentada a mediados de 2009, ya tiene dictámen
favorable de la Comisión de Agricultura del Parlamento, y que sólo
falta que sea sometida al pleno para su aprobación.

El presidente del Congreso, el diputado oficialista Roberto
Alejos, se ha comprometido con las organizaciones indígenas y
campesinos a presentar la normativa para su discusión el próximo
jueves.

Jucaran dijo a Efe que solicitaron al Parlamento que la normativa
sea aprobada de "urgencia nacional", debido a la crisis económica y
alimentaria que sufren las comunidades en el interior del país.

Recordó que, según la Secretaría de Seguridad Alimentaria y
Nutricional (Sesan), 6.147 comunidades sufren algún grado de
desnutrición y de este total, 332 están calificadas como de "alto
riesgo" por falta de alimentos.

El dirigente indígena señaló que la iniciativa, que lleva el
nombre de Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral, tiene un
enfoque global para abordar los problemas de falta de tierra, el
medio ambiente, la salud y la educación, entre otros, en las
comunidades campesinas.

La Ley busca reformar, democratizar y ampliar el acceso a los
medios de producción, garantizar y fortalecer la seguridad
alimentaria y nutricional de los indígenas y campesinos, y el
ejercicio pleno de los derechos humanos, agregó.

Aclaró que en la iniciativa no está contemplada ninguna reforma
agraria, porque "en este momento no existen condiciones".

"Lo que exigimos es la asignación de tierras ya que existen
muchas fincas en poder de terratenientes que no son trabajadas y
están ociosas", subrayó.

El 70 por ciento de la tierra cultivable en Guatemala está en
manos del 0,15 por ciento de los productores agrícolas y esa
concentración ha agudizado los niveles de pobreza, que afecta al 51
por ciento de los mas de 13 millones de habitantes, según las
organizaciones campesinas.

Jucaran insistió en la necesidad de que se apruebe la normativa
en virtud de que la crisis económica y social afecta a las
poblaciones del área rural, en donde reside el 53,9 por ciento de
los más de 13 millones de guatemaltecos.

Según el dirigente del CNAIC-P, si el Parlamento no aprueba la
Ley, para la próxima semana tienen previsto acciones de presión como
bloqueos de carreteras y ocupación de edificios públicos.

No obstante, aclaró que el Gobierno del presidente Álvaro Colom
ha expresado su apoyo a la iniciativa con la que se busca impulsar
un verdadero desarrollo rural integral en Guatemala.