Colombia, azotada por un largo conflicto armado, quedó a partir de hoy bajo la égida de la Corte Penal Internacional (CPI), que podrá investigar crímenes de guerra cometidos por paramilitares, guerrilleros, miembros de la fuerza pública y altos cargos, incluidos los presidentes.

Con el vencimiento de la moratoria que solicitó en 2002 el Gobierno colombiano, la CPI podrá investigar crímenes de guerra, ya que en los últimos siete años sólo tenía potestad para intervenir en delitos de lesa humanidad y genocidio.

El Gobierno colombiano ha manifestado que no hay razón para que la CPI inicie investigaciones en el país, porque los acusados -miembros de la guerrilla, paramilitares y de la fuerza pública- son procesados por la justicia nacional.

Sin embargo, parte de una bancada política afín al Gobierno del presidente colombiano, Álvaro Uribe, impulsa un proyecto de ley en el Congreso que busca la creación de un cuerpo de defensores que actúe en los casos en que miembros de la fuerza pública sean investigados por la CPI.

Según la congresista Lucero Cortés, la iniciativa no "busca generar impunidad", sino que lo que se pretende es garantizar a "esos miles de colombianos que todos los días están colocando su pecho para defender nuestra integridad" el derecho básico a la defensa.

El proyecto prevé que estarán cobijadas las conductas que son de conocimiento de la CPI como genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, en las que resulten presuntamente involucrados directa o indirectamente miembros tanto activos como en uso de buen retiro de la Fuerza Pública, por actos propios del servicio.

Defensores de derechos humanos en Colombia coincidieron en que la entrada plena de la CPI al país es una forma de disuadir a los grupos armados ilegales y al propio Estado de cometer crímenes de guerra.

Para Marcelo Pollack, responsable de Amnistía Internacional para Colombia, en el país "hay muchos crímenes que son competencia de la CPI, incluyendo el desplazamiento forzado, las desapariciones, el uso de niños soldados, la violencia sexual, tortura, homicidios y la toma de rehenes".

Pollack reconoce que Colombia ha avanzado en el tema, especialmente en el relacionado con los derechos humanos, "la mayoría de los abusos siguen en la impunidad".

Detalló que ese tribunal internacional tendrá que decir si Colombia está haciendo lo suficiente para llevar a la justicia a los responsables de esas acusaciones.

Recordó, por ejemplo, que en las ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército, la Fiscalía colombiana investiga cerca de 2.000 casos y aunque muchos de los responsables están siendo juzgados "todavía queda mucho por hacer".

"En el caso de abusos cometidos por la guerrilla o violaciones por los paramilitares, la impunidad hasta ahora ha sido casi total", puntualizó.

A propósito del tema, el embajador colombiano ante los Países Bajos, Francisco Lloreda, y quien también es interlocutor ante la CPI, indicó este domingo en una entrevista con el diario El País, de Cali, que el tribunal ha pedido información específica.

"Ha solicitado información sobre los jefes paramilitares y los de la guerrilla, sobre el vínculo del sector político con grupos armados ilegales, crímenes cometidos por la fuerza pública, y relacionada con el apoyo externo o de otros Gobiernos a los grupos armados".

Aclaró, sin embargo, que Colombia no está siendo investigada por la CPI, pero que está "bajo observación" porque "La Fiscalía de la Corte considera que se estarían cometiendo crímenes atroces de su eventual competencia".

Puntualizó, sin embargo, que "el análisis preliminar no es equivalente a una indagación preliminar. Es un monitoreo al Estado y su sistema judicial".

Otra de las muchas voces que se han dejado escuchar a propósito de la entrada de la CPI, es Alirio Uribe Muñoz, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, quien dice que "para los actores de la guerra esta vigencia debe ser un mensaje para que conduzcan el conflicto dentro de los parámetros de respeto a la población civil y a los combatientes".

Recalcó que desde que Colombia se adhirió con reservas al Tratado de Roma, por el que se creó la CPI, dos millones de colombianos han sido víctimas del desplazamiento forzoso y se han registrado más de 14.000 homicidios.

También explicó que este tribunal podrá exigir responsabilidad política por delitos de guerra y lesa humanidad a altos cargos, incluido el propio presidente Álvaro Uribe.