El Gobierno colombiano consideró el jueves que
el acuerdo militar negociado por Bogotá y Washington puede ser
firmado sin la previa aprobación del Congreso por cuanto no
contempla el paso de tropas extranjeras con finalidad ofensiva por
el territorio nacional.

El argumento fue explicado por los titulares de Relaciones
Exteriores, Jaime Bermúdez, y del Interior y de Justicia, Fabio
Valencia, durante un encuentro con dirigentes del Senado y la Cámara
de Representantes celebrado en la sede de la cancillería en Bogotá.

A la reunión no asistió el ministro de Defensa, Gabriel Silva,
cuya presencia había sido anunciada el miércoles por el Ministerio
de Exteriores, dependencia convocante.

El presidente de la Cámara de Representantes, Édgar Gómez,
declaró al término del encuentro que el Ejecutivo de su país
considera que "el acuerdo no afecta la neutralidad del Estado
(colombiano), no implica el tránsito de tropas (extranjeras), no
contempla el paso de personal militar con finalidad ofensiva".

Por ello, dijo Gómez, el Gobierno del presidente Álvaro Uribe
considera que dicho acuerdo no debe ser sometido a discusión y
aprobación por parte del Legislativo colombiano.

La postura del Ejecutivo es contraria a la del Consejo de Estado,
máximo tribunal contencioso administrativo del país que, según
recientes versiones periodísticas, concluyó que el acuerdo militar
debía pasar por el Congreso.

El Consejo de Estado advirtió de ello en un "concepto" o estudio
de consideraciones, no vinculante, que le había sido solicitado por
el Gobierno, que recibió el documento hace dos semanas.

La postura de este tribunal la comparten las formaciones de
oposición, el Partido Liberal Colombiano (PLC) y el Polo Democrático
Alternativo (PDA), que por separado se han manifestado contrarios a
este acuerdo, que el Gobierno defiende como un complemento a uno en
vigencia desde 1974.

"Es la ampliación de un acuerdo ya existente", sostuvo el
presidente del comité de asuntos exteriores de la Cámara de
Representantes, Manuel Vives, que asistió a la reunión junto a su
colega de la misma comisión en el Senado, Mario Varón, y el
presidente de la cámara alta y también del Congreso, Javier Cáceres.

El acuerdo, que establece que Estados Unidos puede tener acceso a
por lo menos siete bases militares colombianas, siempre en tareas
antidrogas y contra el terrorismo, será firmado mañana en Bogotá.

Así lo había previsto el ministro colombiano de Defensa a
comienzos de semana en Washington, donde se reunió con su colega
estadounidense, Robert Gates.

El embajador norteamericano en Colombia, William Brownfield, dijo
a la prensa que la Casa Blanca tiene la obligación legal de enviar a
los comités de relaciones internacionales del Senado y la Cámara de
Representantes todo acuerdo ejecutivo que suscriba.

Además, reafirmó que las acciones o misiones que las tropas
estadounidenses puedan realizar en virtud de este documento militar
no suponen una amenaza a la soberanía de otros países, por cuanto se
trata "exclusivamente de colaboración bilateral entre Colombia y
Estados Unidos".

La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, lo
garantizó así en la carta que envió a cada uno de sus doce colegas
de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) con motivo de la
reciente reunión que mantuvieron en Bariloche (Argentina), recordó
Brownfield.