Después de años de abusos con cobros exorbitantes y “redadas” de autos a todas horas, las compañías remolcadoras tendrán que obedecer regulaciones adoptadas recientemente por el Concejo de Norristown.

La victoria para los consumidores la peleó Pablo Martín, gerente de un concesionario de autos, quien cansado del constante acoso hacia él y varios de sus clientes, decidió poner una demanda en contra de JVI Recovery Services para obligarlos a obedecer la  ordenanza.

Martín presentó su caso ante el juez de Distrito, Francis Lawrence, que ordenó a JVI pagar los gastos retroactivos a quienes fueron víctimas a partir del 7 de julio hasta el presente. Trascendió también que la compañía se confesó culpable de no tener licencia para trabajar.

“Antes de la ordenanza del municipio, las grúas se llevaban los carros estacionados en lugares privados y cobraban $175 por remolcar, $500 por devolverte el auto y $250 por día”, dijo Martín.

“Ese precio en algunos casos era más del costo total del carro; por lo que muchas veces, los afectados no pagaba por sacar su carro y la remolcadora los vendía”.

Los más afectados eran los latinos porque muchos por temor no se quejaban.

“Varias veces desde mi negocio, veía cómo las grúas esperaban a que las personas se estacionaran enfrente de la librería, y se llevaban los carros sin una razón legal”, comentó Martín.

Para este argentino, lo más importante del resultado de la corte es que se han dado las herramientas para que los conductores se defiendan.

Martín invitó a la comunidad a que no tengan miedo de poner una demanda si han sido víctimas de las remolcadoras y a que vayan a la policía a llenar la queja con el recibo de lo que pagaron de más.

“Es un triunfo para los latinos el haber ganado el pleito contra estas compañías. Ya no podrán abusarnos más”, concluyó Martín.

La ordenanza surgió como resultado de las constantes quejas de los motoristas en las reuniones de los concejales, expresó AL DÍA el concejal Gary Simpson.

Simpson dijo que “la ley que aprobamos protege a la ciudadanía de los cobros injustos que las compañías remolcadoras les hacían por falta de regulación adecuada”.

Precisó que “cualquier remolcadora que trabaje en el área debe tener licencia o registro de nuestro municipio”.

JVI Recovery Services no respondió llamados de AL DÍA para conocer su versión.