El Gobierno de Evo Morales acusó el miércoles a la
Corte Nacional Electoral (CNE) de actuar con parcialidad a favor de
Leopoldo Fernández, el ex prefecto de Pando encarcelado desde hace
más de un año y que postula a la vicepresidencia en una candidatura
opositora.

El ministro de Defensa, el abogado Wálker San Miguel, dijo el martes en
rueda de prensa que la CNE ha actuado de forma "incorrecta" al haber
pedido al presidente Morales que se permita a Fernández hacer
campaña proselitista desde la cárcel en la que se encuentra.

"La opinión del Gobierno es que la Corte Electoral ha hecho un
excelente trabajo técnico con el padrón biométrico, los hemos
felicitado públicamente (...), pero tiene nota de aplazo en el
ámbito jurídico", dijo San Miguel.

El presidente de la CNE, Antonio Costas, envió una misiva a
Morales para pedirle en concreto que el Ministerio de Gobierno
(Interior) "garantice de manera oportuna y efectiva el ejercicio"
del derecho de Fernández "a la libertad de expresión con fines
electorales y a realizar propaganda política".

Fernández, ex gobernador de la región de Pando, es el candidato a
vicepresidente por la alianza opositora Plan Progreso para
Bolivia-Convergencia Nacional, que postula para la presidencia a
Manfred Reyes Villa.

Leopoldo Fernández se encuentra detenido hace más de un año y a
la espera de juicio bajo la acusación de ser responsable de la
muerte de varios campesinos afines al oficialismo durante un choque
armado producido en septiembre de 2008 en la región amazónica de
Pando.

El político no ha podido hasta ahora hablar con los medios
masivos de prensa, ni hacer campaña desde la cárcel, si bien las
normas bolivianas permiten su postulación a un cargo electivo
mientras no tenga una sentencia definitiva.

San Miguel dijo que para el Gobierno la CNE "está actuando con un
sesgo hacia la candidatura de Reyes Villa y Fernández y no se está
ateniendo a las leyes relativas al ejercicio de derechos, limitado
por su condición de detenido preventivo".

El ministro explicó que la situación de prisión de Fernández
limita el ejercicio de sus derechos, pero que en todo caso es un
juez quien debe decidir si se puede o no autorizar al candidato a
hacer campaña.

Los abogados de Fernández han pedido que se le permita dar
conferencias de prensa en la prisión para explicar su plan de
Gobierno, lo cual ha sido negado por las autoridades carcelarias.

San Miguel dijo que para el Gobierno fue una "sorpresa" que la
CNE haya tomado la decisión de respaldar la petición de la defensa
de Fernández en una reunión realizada el 15 de octubre, el mismo día
en el que su partido presentaba esa solicitud.

Según el ministro, ello demuestra que no hubo "trámite" en la
CNE, sino "ligereza" para tratar la petición de Fernández, "casi
actuando como abogado de un candidato" porque emitió una resolución
a su favor sin consultar a órganos jurisdiccionales.