La decisión de la Suprema Corte de
Justicia de Uruguay de declarar inconstitucional la Ley de Caducidad
facilita el camino a la anulación de esta norma que otorgó impunidad
al aparato represor de la dictadura.

Jueces, políticos y víctimas de la dictadura coincidieron hoy al
señalar que el dictamen de inconstitucionalidad de esa ley que ayer
declaró el máximo tribunal uruguayo sobre tres de sus artículos abre
las puertas a la revisión de más casos de violaciones de derechos
humanos cometidos entre 1973 y 1985.

Es "un punto de partida", dijo a Efe Macarena Gelman, la nieta
del poeta argentino Juan Gelman, ella misma víctima de la represión
de la dictadura uruguaya, que, en confabulación con la argentina,
acabó en 1976 con la vida de sus progenitores y la entregó en
adopción a la familia de un policía.

"Más allá de la declaración de inconstitucionalidad, es
fundamental la expresión del pueblo uruguayo a favor de anular la
ley", dijo Gelman.

El fallo se produjo a seis días de que los uruguayos acudan a las
urnas para elegir a sus nuevos representantes políticos y decidir en
plebiscito sobre la anulación de la Ley de Caducidad, lo que ha sido
criticado por los opositores a la nulidad por entender que hay
intereses electorales de por medio.

Esta consulta es "una oportunidad histórica para revisar una
situación que ha sido cuestionada desde el ámbito nacional e
internacional", dijo la nieta del premio Cervantes.

Aunque la inconstitucionalidad se aplica para un caso concreto,
sin embargo, "para el futuro puede tener mucha importancia", afirmó
en una entrevista radiofónica la fiscal Mirtha Guianze.

Esta magistrada y defensora de los derechos humanos lleva el caso
que ha determinado la decisión del órgano supremo de la justicia
uruguaya: el asesinato en 1974 de la joven militante comunista Nibia
Sabalsagaray.

"La Corte, en definitiva, es la que interpreta y determina si una
ley es constitucional o no es constitucional", dijo Guianze.

Esta es la primera vez que la máxima instancia judicial del país
se pronuncia contra la norma, que impidió, desde su aprobación en
1986 y su refrendo en 1989 en un plebiscito, el enjuiciamiento de
los militares y policías que participaron en la represión de los
opositores a la dictadura.

La decisión de los jueces se suma a la postura contraria a la ley
ya manifestada por los poderes Legislativo y Ejecutivo y marca de
facto el fin de la Ley de Caducidad, al facilitar la presentación de
nuevas demandas contra la misma.

Los ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia han
señalado que ahora podrán manifestar su punto de vista en otros
casos relativos a la Ley de Caducidad sin necesidad del lento
trámite del caso Sabalsagaray.

Este caso no fue archivado en su momento al haber civiles
implicados en la detención de la mujer, ya que la Ley de Caducidad
no se aplica más que a uniformados.

La aprobación de la Ley, indicó el fallo, "excede las facultades
de los legisladores e invade el ámbito de una función asignada
constitucionalmente a los jueces".

También subrayó que la Ley de Caducidad no fue un perdón para los
militares y policías responsables de la represión durante la
dictadura, pues "de haberse querido otorgar una amnistía, se lo
hubiera dicho expresamente".

En sus declaraciones a la emisora radial El Espectador, la fiscal
Guianze insistió hoy en que la actual Suprema Corte de Justicia
"está actuando con total independencia", mientras que la que en 1988
respaldó la constitucionalidad de la Ley "estuvo sometida a muchas
presiones".

Entonces, recordó, "había un desacato abierto de las Fuerzas
Armadas que no concurrían a declarar y bajo esa presión se estuvo
manejando toda la situación".

Los uruguayos están llamados el domingo a votar en plebiscito
esta posible nulidad de la Ley de Caducidad.

Ese mismo día, se celebran en Uruguay elecciones generales, en
las que la coalición de izquierdas en el poder, el Frente Amplio,
parte como favorita.

El Frente Amplio respalda la anulación de la Ley de Caducidad y
ha sido acusado por los opositores Partido Nacional y Partido
Colorado de crear un estado de opinión que favorezca a la izquierda.

Adriana Peña, ex presidenta de la Comisión de Derechos Humanos
del Parlamento del Mercosur y diputada del Partido Nacional, criticó
el momento de la decisión de la Suprema Corte.

"En este caso se mezclaron aspectos políticos en el fallo", al
estar "tan cerca de las elecciones y con un plebiscito por en
medio", dijo hoy Peña a Efe.

En las filas de los principales partidos de la oposición no hay
una posición oficial sobre el sentido del voto en torno a la Ley de
Caducidad, con una mayoría de dirigentes contra la anulación,
algunos a favor y unos terceros favorables de la libertad de
sufragio.

Los votantes "son libres" para "expresar su opinión", dijo al
respecto Macarena Gelman, para quien "sería un orgullo decir que la
sociedad uruguaya se manifestó el domingo en contra de mantener la
impunidad".