El Gobierno estadounidense no
perseguirá el consumo de marihuana para uso médico en los estados en
los que está permitido, según un memorándum que envió hoy el fiscal
general, Eric Holder, que cambia la política de la anterior
administración.

En este documento, Holder pide a los fiscales que no usen
recursos federales "en individuos cuyas acciones están en
cumplimiento claro e inequívoco de las leyes estatales existentes
relacionadas con el uso médico de la marihuana".

Los Gobiernos de Alaska, California, Colorado, Hawai, Maine,
Maryland, Michigan, Montana, Nevada, Nuevo México, Oregón, Rhode
Island, Vermont y Washington autorizan su consumo en estos casos.

Las nuevas directrices marcan un cambio de la política del ex
presidente George W. Bush, que insistió en que se mantuvieran las
leyes federales contra la marihuana, considerada una droga ilegal,
sin tener en cuenta la normativa de cada estado sobre su uso.

El Departamento de Justicia deja claro que no se procesará a
personas que cumplan con la legislación de los estados que permiten
la marihuana para uso médico, pero no permitirá que se burle la ley.

"No será una prioridad usar recursos del Estado para perseguir
legalmente a pacientes con serias enfermedades o sus cuidadores, si
están cumpliendo con las leyes de los estados sobre la marihuana",
dijo Holder.

No obstante hizo hincapié en que la policía y los fiscales
continuarán trabajando para castigar a aquellos que se amparen bajo
las leyes de estos estados para el uso de drogas ilegales o el
tráfico de drogas.

"No vamos a tolerar a los traficantes de drogas que se escondan
detrás de las leyes estatales para enmascarar actividades que son
claramente ilegales", subrayó.

El documento de trece páginas fue enviado hoy a los fiscales de
los 14 estados en los que está permitido el uso de la marihuana con
fines médicos, así como a altos funcionarios de la Oficina Federal
de Investigaciones (FBI) y de la Agencia Antidrogas de EE.UU.

La declaración de Holder está en la línea con la política que se
ha introducido con la administración del presidente, Barack Obama,
para respetar las leyes aprobadas por los estados a este respecto.

"No es nada sorprendente porque es la política que ha puesto en
práctica el Gobierno desde el principio de esta Administración",
dijo el portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs.