El proceso legal abierto en España contra los presuntos autores intelectuales de las torturas de Guantánamo ha cursado preguntas incómodas al Gobierno estadounidense de Barack Obama que, según los analistas, no ha emprendido una investigación de este calado por razones políticas.

La querella tramitada en la Audiencia Nacional de España se dirige contra cinco abogados del Gobierno de su predecesor, George W. Bush, uno de los cuales es ahora un magistrado federal con un cargo vitalicio.

Ellos dieron la cobertura legal a los torturadores al justificar los maltratos siempre que no ocasionaran el fallo de un órgano, una minusvalía o la muerte.

En Estados Unidos, el fiscal general, Eric Holder, ha abierto una investigación preliminar de sólo diez casos en los que agentes del Servicio Central de Información (CIA) supuestamente sobrepasaron esos parámetros extremadamente laxos, y no hace nada contra los que ordenaron las vejaciones.

Sin embargo, el proceso en manos de los jueces españoles Baltasar Garzón y Eloy Velasco obliga a Holder a responder a preguntas que, por ahora, quisiera dejar de lado.

El fiscal general tiene hasta finales de octubre para contestar a una comisión rogatoria sobre su papel en la autorización de las torturas que le envió hace unos meses la Audiencia Nacional.

El Departamento de Justicia "está muy preocupado porque, si da respuestas honestas, avivará la investigación" en España, dijo a Efe Scott Horton, profesor de Derecho de la Universidad de Columbia.

La preferencia del Gobierno es hurgar en los casos "claros" de tortura, según ha dicho el propio Obama, pero no agitar el avispero político de atribuir responsabilidades a antiguos altos cargos.

Incluso esos pasos tímidos han sido rechazados por el ex vicepresidente Dick Cheney, que ha lanzado una campaña en defensa de los métodos "mejorados" de presión, según el eufemismo usado por su Gobierno, pues, a su juicio, han dado información vital en el combate contra el terrorismo, una afirmación que no ha probado.

En este contexto, la causa abierta en España da argumentos y respaldo internacional a las organizaciones que reclaman a la Administración de Obama una defensa más enérgica de los derechos humanos.

"Incluso cuando se ven abusos de poder y actividades ilegales, es muy difícil para un país procesar a su propia gente porque se piensa que no es patriótico; por ello, es útil que otros países presten atención a lo que hace Estados Unidos", dijo Bob Edgar, ex congresista demócrata.

"Alabo a España por hacer esto", añadió Edgar, quien actualmente preside la organización no gubernamental Common Cause.

En realidad, por detrás no está "España" como Gobierno, sino sólo sus tribunales, pues de hecho la apertura de la causa irrita tanto a la Casa Blanca como al Gobierno que encabeza José Luis Rodríguez Zapatero, según Horton.

"Hay un interés fuerte en restablecer las buenas relaciones entre los dos países, que empeoraron mucho con Bush, y en este sentido Zapatero y Obama ven este tema como un asunto desagradable que es mejor tapar como se pueda", opinó Horton.

El problema es que las pruebas de tortura son irrefutables, reconocidas incluso por el Gobierno de Obama, y si Estados Unidos se niega a ir al fondo del asunto, según el Derecho Internacional los tribunales de España u otros países pueden juzgar los casos.

Uno de ellos es el de Muhammed al-Ansi, un yemení que lleva casi ocho años en una celda de aislamiento en Guantánamo.

Al-Ansi mantiene que agentes estadounidenses le arrancaron las uñas de las manos y de los pies, le aplicaron descargas eléctricas y le metieron la cabeza en un barril de agua hasta que casi se ahogó.

Emmet Bondurant, su letrado, cree que los responsables últimos de ese tratamiento fueron Cheney, el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y su equipo de abogados.

"Elaboraron toda clase de razonamientos legales ficticios para defender básicamente que el fin justifica los medios y que en un estado de guerra el presidente de Estados Unidos tiene el mismo poder del que gozaba el rey George III de Inglaterra sobre las colonias", dijo Bondurant.

Para las organizaciones de derechos humanos, esos altos cargos son tan culpables o más de las torturas que los que las llevaron a cabo físicamente. La Audiencia Nacional de España parece concordar.