El multimillonario caso legal entre campesinos de la región del Amazonas y Chevron por la contaminación con petróleo en el bosque tropical de Ecuador, se sigue desarrollando más como una novela de suspenso y misterio que como una batalla de declaraciones.

Desde que el gigante petrolero divulgó unos videos en agosto, grabados en secreto por dos empresarios, los cuales al parecer tenían la ambición de darse un festín con los 27 mil millones de dólares que esperaban recibir como indemnización por daños, funcionarios ecuatorianos y ejecutivos de Chevron se han acusado mutuamente de falta de decoro flagrante, incluido el espionaje.

El juez ecuatoriano que conocía la causa, se recusó luego de haber aparecido en las grabaciones discutiendo el caso y los daños potenciales. Otro juez lo restableció, pero después fue recusado nuevamente.

Los dos misteriosos empresarios, quienes usaron relojes y plumas que llevaban implantados aparatos de espionaje para efectuar las grabaciones, se han negado a explicar los motivos para acudir a las reuniones furtivas en Quito y un puesto de avanzada en la selva, para discutir una conjura de soborno.

En días recientes, la trama se ha vuelto más densa. Patricio García, el intermediario político ecuatoriano, cuyos comentarios grabados acerca de distribuir sobornos lo sitúan al centro del escándalo, dijo que había terminado atrapado en una campaña de trucos sucios por parte Chevron.

En una entrevista, alegó que Chevron había ideado un proyecto de espionaje industrial, con videos manipulados digitalmente y gánsteres disfrazados de empresarios a la caza de contratos, con el objetivo de calumniarlo a él y al sistema jurídico de Ecuador.

“Todo esto fue planeado desde Estados Unidos, por la misma Chevron”, dijo García, de 55 años, empresario y ex mecánico de automóviles. Mostró irritación ante cualquier insinuación, según las grabaciones dadas a conocer por Chevron, de que él hubiera discutido un plan de sobornos que incluiría a la hermana del presidente Rafael Correa, Pierina Correa, así como al juez Juan Núñez, quien supervisaba el caso en ese momento.

No queda claro con las grabaciones y transcripciones proporcionadas por Chevron, si se pagó algún soborno o si Núñez o Pierina Correa estaban enterados de los planes para intentar sobornarlos. Correa ha negado conocer a García o tener algo que ver con la estratagema, y Núñez también ha negado cualquier fechoría. En el ínterin, funcionarios del partido gobernante y del Gobierno han presentado a García como un hombre de escasa influencia.

De cierta manera, el procurador general de Ecuador sigue haciendo eco de la interpretación de los sucesos capturados en las cintas, diciendo que los contactos de Chevron con los empresarios que discutieron los sobornos dan como resultado que la empresa debe ser investigada en Estados Unidos por posibles violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Exterior, la cual prohíbe el pago de sobornos a funcionarios extranjeros para obtener negocios.

“A mí me parece que la estrategia de Chevron consiste en restarle legitimidad a las acciones de nuestros jueces”, dijo Washington Pesantez, el procurador general. Agregó que lamenta la demora de un mes en una resolución de la demanda, la cual se ha prolongado por 16 años, debido a la divulgación de los videos. “La justicia tardía no es justicia”, dijo Pesantez.

Las cintas son el giro más reciente en un maratón legal por la contaminación dejada por Texaco varios años antes de que fuera adquirida por Chevron. En una de ellas, todo parece indicar que Núñez insinúa que tiene planes para fallar en contra de Chevron y que la indemnización por daños podría superar los 27 mil millones de dólares, lo cual potencialmente la convierte en la mayor  demanda ambiental de la historia.

Es posible que no se aclare si Chevron evitó tal resultado al dar a conocer las cintas durante meses o incluso años. Chevron apostó a que la revelación permitiría generar dudas sobre la integridad del juicio y la honestidad del sistema jurídico ecuatoriano. Sin embargo, las cintas también han planteado preguntas sobre sus vínculos con los hombres que las grabaron, lo que potencialmente la expone a una nueva lucha legal.

La escucha de conversaciones sin el permiso de todo el mundo es ilegal en Ecuador, y tratar de sobornar a funcionarios extranjeros es ilegal bajo la legislación estadounidense. Sin embargo, sombras grisáceas manchan casi todo lo que tiene que ver con los videos. Por ejemplo, García, el intermediario político, dijo que los empresarios que lo vincularon con la estratagema de los sobornos habían bromeado en cuanto a grabar las reuniones con un reloj pulsera, lo que potencialmente les dio una salida en caso de que se intensifique el escrutinio de sus tácticas.

“Para alguien que intenta dilucidar lo que se puede aprender de todo esto, no es como si ofreciera una narrativa racional”, destacó Ralph G. Steinhardt, catedrático de leyes y relaciones internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington, quien ha estado siguiendo este caso. “Al intentar apreciar las complejidades de este caso, hace falta contar con las habilidades de un jugador de póker, en vez de las habilidades de un abogado”.

Chevron dice que ni dio instrucciones ni pagó a los empresarios para que hicieran estas grabaciones, y que no editó el material, aunque sí le dio a uno de los hombres, Diego Borja, una suma no divulgada para que cubriera gastos de mudanza y de tipo personal, a fin de que pudiera sacar a su familia de Ecuador con toda seguridad. Portavoces de la empresa dicen que cuando Borja, un contratista ecuatoriano de logística que trabaja con un empresario estadounidense, le dio a Chevron las cintas de tres reuniones, ejecutivos de la empresa lo exhortaron a que no acudiera a más reuniones, ya que hacerlo podría resultar peligroso.

“Chevron no estuvo involucrada en la grabación”, dijo Kent Robertson, uno de los portavoces de la empresa. “Chevron refirió este asunto al Departamento de Justicia de Estados Unidos y al procurador general de Ecuador luego de haber hecho todo esfuerzo razonable por verificar la evidencia que fue presentada”.

Borja asistió a una cuarta reunión, la grabó, y entregó más pruebas a la empresa. Sin embargo, nadie ha explicado hasta ahora qué lo motivó, así como a su socio estadounidense Wayne Hansen, para viajar por Ecuador conociendo a funcionarios y reuniendo evidencia de un sistema de sobornos, particularmente uno en el cual ellos podrían obtener contratos lucrativos.

Ninguno de los hombres ni sus abogados quisieron hacer comentarios al respecto, aunque la abogada de Borja, Cristina C. Arguedas, emitió una declaración pública: “Diego es un ecuatoriano sobresaliente y orgulloso que habló por cuenta propia para exponer la corrupción. Responderá a todos las preguntas en un proceso justo”.

Tanto el video como las transcripciones han estado abiertos a interpretaciones. Por ejemplo, aún es un misterio por qué ecuatorianos supuestamente con buenas conexiones y enterados del caso hablarían de sobornos a cambio de contratos gubernamentales de limpieza que surgieran a raíz de un arreglo en el caso de Chevron.

Chevron abriga la esperanza de demorar cualquier pago futuro durante muchos años; debido a que no tiene activos de importancia en Ecuador, no sería fácil hacerla pagar, incluso si perdiera. Si los funcionarios ecuatorianos hubieran revisado los antecedentes de Borja, habrían notado que había sido contratista de Chevron durante años.