Los principales sindicatos convocantes
de la huelga general de mañana contra los despidos del Gobierno
auguraron la paralización del país y una marcha histórica por las
calles de la capital puertorriqueña.

El presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT),
Roberto Pagán, dijo hoy a Efe no tener duda de que la huelga
paralizará la actividad laboral del país, al afectar tanto a las
corporaciones estatales como a las empresas privadas.

El líder del SPT, con más de 16.000 afiliados y miembro de la
"Service Employees International Union" estadounidense, señaló que
el éxito de la convocatoria está garantizado al unirse la mayoría de
los sindicatos de la isla bajo la agrupación "Coalición Todo Puerto
Rico con Puerto Rico".

Pagán estimó que más de 80.000 trabajadores y ciudadanos en
general acudirán a las calles de San Juan, en un cita que se espera
supere los asistentes del pasado 5 de junio, cuando una
manifestación pidió el cese del plan de despidos del Gobierno y un
giro en la política del Ejecutivo que encabeza Luis Fortuño.

El líder sindical aclaró, sin embargo, que no hay ninguna
estrategia destinada a bloquear, mañana, las principales
infraestructuras de comunicaciones de la isla, por lo que es de
esperar una actividad normal en el aeropuerto de San Juan y los
muelles más estratégicos de Puerto Rico.

Pagán advirtió de que la huelga y marcha de mañana "no son el
final" de la estrategia sindical contra el despido de más de 17.000
empleados públicos y que podría convocarse "una huelga general
indefinida" si Fortuño y el Ejecutivo que encabeza no desisten de
sus planes.

Por su parte, el portavoz de la Coordinadora Sindical y del
Frente Amplio de Solidaridad y Lucha (FASyL), Luis Pedraza Leduc,
predijo "una manifestación masiva que inundará las calles de San
Juan".

Leduc, cuya agrupación incluye a la Unión Independiente de la
Industria Eléctrica y Riego (UTIER), el sindicato más importante de
la isla, subrayó a Efe que con los actos de mañana se pretende que
el gobernador, Luis Fortuño, y la elite empresarial que dijo le
encumbró vuelvan a pensar la política de despidos en marcha.

El sindicalista exhortó además a la población a que no compre
mañana productos que no sean de primera necesidad, iniciativa que
sostuvo servirá como protesta contra el empobrecimiento del pueblo y
las ganancias desorbitadas de los principales capitalistas del país.

Fortuño justificó hoy su plan de despidos al señalar que se ha
convertido en el primer gobernador de la isla con el valor
suficiente para reducir la nómina, a su juicio desmesurada, de
funcionarios estatales.

El jefe del Ejecutivo apuntó que hasta su llegada, los anteriores
gobiernos reconocían el elevado número de funcionarios, aunque,
finalmente, nadie se atrevió a tomar la iniciativa de un despido
masivo.

Fortuño, incluso, aseguró que si no se hubiese despedido a más de
17.000 empleados estatales se hubiese tenido que cerrar el Gobierno
antes de las próximas Navidades por falta de fondos.

Sobre los posibles desordenes que puedan cometerse mañana, el
secretario de la Gobernación (número dos del Ejecutivo), Marcos
Rodríguez-Ema, ya advirtió de que no toleraría actos de terrorismo,
en advertencia al líder del Frente Amplio de Camioneros, Víctor
Rodríguez, quien aseguró que paralizaría los puertos de la isla.

El superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha, mantuvo
ayer un encuentro con Fortuño y Rodríguez-Ema para explicarles el
plan de seguridad que se desplegará mañana por todo el país.

Figueroa Sancha sostuvo que la Policía está preparada para hacer
frente a la situación, por lo que no será necesario recurrir a la
Guardia Nacional.

En cuanto a la repercusión de la huelga para la economía de
Puerto Rico, la Asociación de Contratistas Generales (constructores)
estimó la cifra en 167 millones de dólares, aunque algunos
economistas situaron la cantidad en 180 millones.

Precisamente, esa última cifra se corresponde con el Producto
Nacional Bruto (PNB), o valor de todos los bienes y servicios
producidos, de Puerto Rico para un día.

La huelga general de mañana es la respuesta sindical a los cerca
de 17.000 despidos de funcionarios anunciados por el Ejecutivo para
eliminar las cuentas públicas, que a la llegada del Gobierno
reflejaban un déficit de 3.200 millones de dólares.