El Ejecutivo, a través del secretario de
la Gobernación, Marcos Rodríguez-Ema, transmitió el martes un mensaje de
tranquilidad ante la paralización del país que pretenden los
sindicatos el próximo jueves con una huelga general en protesta por
el despido de 17.000 empleados públicos.

"No espero la paralización del país. Se le dará un espacio a la
gente para que se manifieste, pero la vida sigue", dijo
Rodríguez-Ema, el número dos del Gobierno, sobre el paro convocado
para el jueves, cita que hoy tuvo un adelanto con el corte de una de
las principales vías del distrito financiero de San Juan.

Los manifestantes se encadenaron frente a la sede del Banco
Popular -el primero del país-, cuyo presidente, Richard Carrión,
encabezó el llamado Consejo Asesor de Reconstrucción Económica y
Fiscal, cuyas recomendaciones hoy impone el Gobierno, según
denunciaron los sindicalistas.

La presidenta de la Asociación de Economistas de Puerto Rico,
Martha Quiñones, dijo a Efe que muchos miembros de esa organización
no comparten las iniciativas del Ejecutivo, por lo que apoyarán el
paro del jueves.

Santos Negrón, miembro de la directiva de la Asociación de
Economistas de Puerto Rico, explicó que una de las alternativas al
despido masivo de funcionarios hubiera sido la reducción de la
jornada laboral de los empleados públicos.

El economista subrayó que la medida de despidos masivos provocará
"el debilitamiento de prestación de servicios a los sectores más
vulnerables de la sociedad", critica que se une a la de los
sindicatos, que denunciaron el casi total desmantelamiento de
algunas agencias estatales.

Negrón sostuvo que sí era necesario tomar medidas para reducir la
nómina de funcionarios, pero que antes habría que haber llevado a
cabo un análisis que, a su juicio, no realizó el Gobierno que
encabeza Luis Fortuño.

Además, resaltó que los miles de despidos empeorarán los
problemas ya existentes, lo que provocará un agravamiento de la
recesión económica que golpea a Puerto Rico por cuarto año
consecutivo.

Por otro lado, el portavoz de la "Coalición Todo Puerto Rico con
Puerto Rico" -en la que se incluyen la mayoría de grupos que
convocan la huelga-, el obispo Juan Vera, hizo hoy un llamamiento al
superintendente de la Policía, José Figueroa, para que se modere la
actuación de las Fuerzas de Seguridad el próximo jueves.

"Hay que reconocer que decenas de miles de familias
puertorriqueñas, padres, madres e hijos, viven hoy bajo una gran
incertidumbre y tensión producto de los despidos masivos que se han
producido, pero la respuesta del Estado no puede ser la represión
contra estas personas", dijo el líder religioso.

Vera indicó que la población debe canalizar su frustración
mediante la protesta pacífica del próximo jueves, que denominó como
"Paro del pueblo".

El presidente interino de la Universidad de Puerto Rico (UPR) -la
principal de la isla-, Miguel Muñoz, optó para evitar incidentes por
un cierre administrativo durante toda la semana, medida contestada
por los estudiantes con un corte de la avenida Ponce de León de la
capital, frente a la entrada principal del recinto en San Juan.

"La seguridad de todos los estudiantes y de la comunidad
universitaria en general debe ser nuestra mayor prioridad", subrayó
para justificar la medida.

La totalidad de sindicatos puertorriqueños convocaron una huelga
general para el próximo jueves en respuesta al despido de cerca de
17.000 empleados públicos, medida que Fortuño señaló como
imprescindible para evitar el cierre del Gobierno antes de las
próximas Navidades y para acabar con el déficit fiscal.