Una tensa reunión marcó el lunes el diálogo entre
el movimiento indígena de Ecuador y el Gobierno nacional, antiguos
aliados y ahora abocados a conversar para intentar superar una serie
de discrepancias, sobre todo por una polémica Ley de Aguas, que la
semana pasada generó una dura protesta de los campesinos.

En un hecho inédito, más de treinta dirigentes indígenas fueron
recibidos en el Palacio presidencial de Carondelet por el propio
jefe del Estado, Rafael Correa, que estuvo acompañado por varios de
sus ministros.

En las afueras del Palacio, en el centro histórico de Quito,
miles de indígenas, tras una marcha por varias calles de la capital,
esperaban los resultados del diálogo.

La reunión se produjo una semana después de que la Confederación
de Nacionalidades Indígenas (Conaie) convocara a un levantamiento o
huelga contra un proyecto de Ley de Recursos Hídricos, que dejó como
resultado un profesor de etnia Shuar muerto y 40 policías heridos.

Entre los compromisos acordados se incluyó el compromiso del
Gobierno a recibir una "agenda" de discusiones por parte de la
Conaie, así como "institucionalizar un diálogo permanente" a través
de mesas de trabajo, que empezarían a funcionar desde mañana.

Además, se resolvió recoger una propuesta sobre el Sistema de
Educación Intercultural Bilingüe, aunque varios dirigentes exigieron
que se derogue una ley que regula a ese organismo.

Ambas partes se comprometieron a revisar la Ley de Recursos
Hídricos, en el marco de una comisión legislativa que estudia esa
norma y que incluirá en el debate las propuestas de la Conaie.

También el Gobierno se comprometió a recibir las observaciones de
la Conaie a una polémica Ley de Minería, aprobada a comienzos de
año, pero que los indígenas la cuestionan.

Otros dos acuerdos tienen que ver con los hechos de violencia
registrados el pasado miércoles en la provincia de Morona Santiago,
sobre todo la muerte de Bosco Wizur, para lo cual se conformará una
comisión bilateral para indagar los hechos, ya que el Gobierno y los
indígenas se acusan mutuamente.

También se resolvió revisar el contenido de unos mensajes
difundidos por una emisora de radio de la etnia Shuar, que en medio
de la protesta, supuestamente llamaba a la violencia.

Correa insistió en varias oportunidades que su Gobierno se debe a
los pobres y que defiende las causas de los indígenas, aunque
remarcó que, a su criterio, hay dirigentes que le hacen el juego a
la oposición de derechas.

El mandatario, en las más de cuatro horas de discusión, insistió
en que, para él, la protesta indígena fue "inútil", ya que ha
quedado demostrado que, con el diálogo, se han podido superar las
discrepancias con la Conaie.

Además, reiteró que entre el Gobierno y el movimiento indígena
son "más cosas las que nos unen, que las que nos separan" y que por
ello las puertas del Palacio de Gobierno siempre estarán abiertas
para recibir a sus dirigentes.

De su lado, el presidente de la Conaie, Marlon Santi, sostuvo que
la protesta indígena se debió a que ese colectivo no encontró la
apertura necesaria al diálogo, pero remarcó que ahora se abre la
posibilidad de discutir asuntos que preocupan a su movimiento.

Santi reclamó por varios aspectos de la Ley de Recursos Hídricos
y también por la aprobada Ley de Minería, por el efecto ambiental y
social que pueda generar.

También Humberto Cholango, presidente de la Ecuarunari, la filial
de la Conaie en la sierra andina, reclamó al Gobierno por su actitud
en contra de los dirigentes y exigió "respeto" al mandatario.

No obstante, Cholango dijo que el movimiento indígena está
dispuesto a las transformaciones radicales que ha ofrecido el
mandatario y que por ello también luchará ese colectivo, que en el
pasado ha sido un actor fundamental en la vida política del país.

La reunión del lunes, aunque con altibajos en las declaraciones de
los representantes de ambas partes, concluyó con varios acuerdos,
pero, sobre todo, con el interés de los dos lados de continuar con
el proceso de diálogo y en empujar objetivos comunes.