Defensores de los trabajadores indocumentados afirman que el Gobierno cambió la modalidad de redadas en las fábricas por las "electrónicas" y ahora las empresas deben hacer ciertas tareas que corresponden a Inmigración.

American Apparel, en Los Angeles, recibió por parte del gobierno una carta en la que se notificaba incongruencia en los documentos de 1.800 empleados.

"Las autoridades de inmigración pidieron a American Apparel que verificara los documentos de 1.800 empleados, de los cuales solamente 300 se quedaron y los otros 1.500 se fueron para sus casas", dijo a Efe Peter Schey, abogado de American Apparel, quien explicó que si no despedían a los trabajadores los dueños tendrían que pagar multas exorbitantes e ir a la cárcel.

La empresa ha expresado su desacuerdo con las autoridades de Inmigración a través de una campaña cuyo lema en inglés: "Legalize LA", se ha impreso en camisetas y en grandes rótulos en el edificio de la fábrica.

"La administración (del presidente Barack) Obama entiende que las redadas eran muy controvertidas y para evitar esa controversia es que están implementando este tipo de redadas electrónicas", afirmó Schey.

El abogado señaló que antes de que los obreros fueran despedidos Dov Charney, dueño de American Apparel, en una carta expresó su tristeza.

"Quiero que todos sepan que cuando tengan la posibilidad de poner en orden sus documentos migratorios pueden regresar a la compañía y se les dará tratamiento prioritario para las entrevistas en futuras posiciones de empleo", aseguró Charney.

El senador estatal Gil Cedillo (D-Los Angeles) dijo a Efe que está preocupado por las personas que se quedan sin trabajo.

"Las redadas electrónicas solo sirven para extender la penuria económica que enfrenta nuestra nación, empresas como American Apparel y los trabajadores inmigrantes necesitan opciones razonables para que cumplan con nuestras leyes", afirmó Cedillo.

"Por eso insto al Congreso y al Presidente de los Estados Unidos que declare una moratoria inmediata de estas políticas públicas y prácticas hasta que se apruebe una reforma integral de las leyes de inmigración", sostuvo.

En el sector académico, Octavio Pescador, catedrático de Ciencias Sociales y Estudios Chicanos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), dijo Efe que en las redadas que se hacían durante la pasada administración del presidente George W. Bush los agentes identificaban electrónicamente incongruencias en los documentos de unos pocos trabajadores, "pero llegaban a arrestar a todo mundo".

"En la búsqueda de esas personas llegaban a las fábricas y se llevaban a 30 ó 200 trabajadores, incluyendo residentes y ciudadanos", recordó.

"Lo que está haciendo hoy la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Janet Napolitano, es ser condescendiente con los grupos ultra conservadores y con el gobierno de Obama también porque, según ella, dejar a los indocumentados sin trabajo es mejor que la deportación", opinó.

Meredith Brown, abogada y activista de inmigración, dijo por su parte que actualmente "las redadas son más técnicas", pero igual se pone en duda el estatus de personas que son residentes o ciudadanos al aparecer sus nombres en las listas y se ven obligados a tener que comprobar que nacieron en EE.UU. o que tienen documentos.

Para Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), "este gobierno solamente ha cambiado la fachada de cómo hacer las redadas, pero el resultado es el mismo".

"Lo que no entendemos de esta administración es que no puede estar bien con Dios y con el diablo, no puede estar implementando una ley que deja sin empleo a los trabajadores indocumentados y a la vez estar impulsando una reforma migratoria justa y humana", finalizó.