La comunidad internacional pidió el martesmesura a las partes en conflicto en Honduras y voluntad para
alcanzar una solución política a la crisis, agravada por el retorno
del depuesto presidente, Manuel Zelaya, y la imposición del estado
de excepción.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, exhortó tanto a los
seguidores de Zelaya como a los del mandatario de facto, Roberto
Micheletti, a que "se comprometan seriamente en los esfuerzos en
favor del diálogo y la mediación regional".

Tras expresar su preocupación por el agravamiento de la situación
en ese país con la declaración del estado de sitio el sábado pasado,
Ban también exigió el "pleno respeto" de las garantías
constitucionales.

Además, consideró "inaceptable" las amenazas a la embajada de
Brasil en Tegucigalpa, donde desde hace nueve días se refugia Zelaya
tras su regreso sorpresivo a Honduras y a donde llegará mañana una
delegación de seis diputados brasileños para conocer de primera mano
la situación en ese país y en la sede diplomática.

El secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, coincidió
en que la crisis política en Honduras "está agravándose
peligrosamente", por lo que urgió a encontrar un canal de diálogo
para una pronta solución.

"Hoy más que nunca se requiere fortalecer los caminos para poder
realmente salir de esto, que puede tener consecuencias mucho más
serias que las que uno pudiera anticipar", dijo Iglesias a Efe en la
capital mexicana.

Las medidas adoptadas en los últimos días por el Gobierno de
facto "complican un poco el panorama en general", aseguró, en
alusión a la decisión de impedir el ingreso al país de funcionarios
de la OEA y de embajadores de México, España, Argentina y Venezuela.

Además, el Gobierno de Micheletti suspendió durante 45 días las
garantías constitucionales con un decreto publicado el sábado pasado
que restringe las libertades de circulación y expresión, y prohíbe
las reuniones públicas, entre otras medidas.

En declaraciones a Efe desde Bruselas, la comisaria europea para
las Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE), Benita
Ferrero-Waldner, también señaló que "lo más importante" ahora es
buscar el diálogo entre las partes y después convocar a elecciones.

"Yo creo que el diálogo de San José tiene que funcionar. Tenemos
que presionar todos para que sea así", apuntó Ferrero-Waldner, quien
admitió que el regreso de Zelaya al país, casi tres meses después
del golpe de Estado, "ha complicado" la solución a la crisis.

El mandatario de Costa Rica y mediador en el conflicto, Óscar
Arias, criticó los mensajes emitidos en los últimos días tanto por
el Gobierno de facto como por Zelaya, al considerar que "no ayudan a
la tranquilidad y distensión necesarias para reanudar el diálogo".

En entrevista con CNN en español, Arias señaló que "el lenguaje
es clave de acá en adelante"; uno de corte "cuasi-revolucionario
puede llamar a más violencia" y "el único perjudicado sería el
pueblo hondureño", advirtió.

Asimismo, resaltó el rol de los candidatos a la Presidencia de
Honduras como actores claves para lograr la firma del Acuerdo de San
José, que contempla la formación de un Gobierno de unidad nacional
encabezado por Zelaya.

El mandatario costarricense insistió en que es posible una salida
negociada, pero dijo que hasta el momento las posiciones han sido
inflexibles, especialmente la del Gobierno de facto, que se opone a
la restitución de Zelaya.

El Gobierno de EE.UU. enfiló hoy sus baterías contra el régimen
de facto, después de que el embajador en funciones ante la OEA,
Lewis Amselem, instara ayer al depuesto presidente a comportarse
como "un líder" y no como una "estrella de cine".

Así, el Departamento de Estado aseguró que "es hora" de que
Micheletti dialogue con Zelaya y confió en que permita la entrada al
país de la misión de cancilleres de la OEA, cuyo viaje, inicialmente
previsto para este jueves, se pospuso para el 7 de octubre.

El ministro de Exteriores de Costa Rica, Bruno Stagno, informó
hoy que el jueves se desplazará a Tegucigalpa una avanzada de la OEA
para reunirse con la Secretaría de Exteriores del Gobierno de facto,
con el objetivo de preparar la visita de los cancilleres.

"Esperamos que esta delegación pueda entrar al país y tenga un
diálogo significativo con el Gobierno de facto", indicó Philip
Crowley, portavoz del Departamento de Estado, quien también pidió a
las partes "actuar de manera constructiva, evitar declaraciones
provocativas o acciones que podrían desembocar en violencia".

A su vez, el embajador de EE.UU. en Tegucigalpa, Hugo Llorens,
criticó a quienes "instigan a la violencia" e instó al Gobierno de
facto a restablecer "inmediatamente" las garantías constitucionales.

Lo mismo hizo Amnistía Internacional (AI), tras advertir del
riesgo de que ese país entre "en una espiral de anarquía, en la que
la policía y las fuerzas militares actúan sin consideración por los
derechos humanos o el Estado de derecho".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la
suspensión de las garantías, que -dijo- viola el derecho
internacional, al ser adoptada para sostener un Gobierno ilegítimo
surgido a raíz del "quebranto de la institucionalidad democrática".

También, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión,
organismo autónomo de la OEA, rechazó "enérgicamente" el estado de
excepción e hizo un llamado "urgente" para que se restablezcan las
transmisiones de dos medios afines a Zelaya y se devuelva "en
perfecto estado" los equipos incautados el pasado lunes.

Las autoridades de facto cerraron las instalaciones de Radio
Globo y el Canal 36 Cholusat Sur, una decisión que ha sido criticada
afuera y dentro de Honduras, incluido el Parlamento, que pidió a
Micheletti la derogación del decreto publicado el fin de semana.