La actividad desplegada por el derrocado
presidente hondureño, Manuel Zelaya, desde la embajada de Brasil en
Tegucigalpa ha generado polémicas en la esfera política brasileña y
hasta dudas sobre una supuesta "injerencia en asuntos internos".

En opinión de analistas, la inesperada irrupción de Zelaya el
lunes pasado en la legación de Brasil ha causado un conflicto
inédito y difícil de resolver, pues no hay una situación técnica de
asilo ni de refugio y la embajada ha quedado en el centro de una
crisis interna.

"No hay dudas de que Brasil debía darle asilo político a Zelaya
si lo pedía cuando fue víctima de un acto de fuerza, pero su retorno
genera un cuadro diferente, en el cual la embajada brasileña es
protagonista de primera línea", declaró el ex canciller Luis Felipe
Lampreia (1995-2001).

El Gobierno brasileño asegura que fue "tomado por sorpresa" y que
no colaboró con el regreso de Zelaya, quien, según muchos dirigentespolíticos, sobre todo opositores, ha convertido a la embajada en un
"fortín" desde el que arenga a sus seguidores, lo cual contraría las
normas del asilo y la diplomacia.

Los partidos políticos brasileños se han apiñado en defensa de la
soberanía nacional representada por la sede diplomática, pero en
algunos sectores también se asoman dudas sobre el papel cumplido por
el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en esta crisis.

El senador José Agripino Maia, del opositor partido Demócratas,
dijo que Brasil se ha inmiscuido en "una confusión innecesaria" y
hasta preguntó si Lula "aceptó entrar en el juego" para "quedar bien
con Hugo Chávez", el líder venezolano que, al parecer, cedió el
avión en que regresó a su país el presidente depuesto.

El Partido Popular Socialista (PPS) ha pedido que se aclare cómo
Zelaya llegó hasta la embajada y también su permanencia en la sede,
pues "como no se trata de un asilo, parece haber una participación
de la diplomacia brasileña en una acción clandestina y en una clara
injerencia en asuntos internos de otro país".

Según el diputado Raul Jungmann, del PPS, "la embajada brasileña
se ha transformado en tribuna electoral" y el canciller Celso Amorim
"debe ser responsabilizado por eso".

El senador Arthur Virgilio, del opositor Partido de la Social
Democracia Brasileña (PSDB), afirmó que "si el Gobierno combinó todo
esto, se trata de un disparate diplomático imperdonable".

Virgilio admitió que "es correcto dar abrigo", pero señaló que
"también lo es impedir la actividad política" desde la legación.

En cualquier caso, sostuvo que "Brasil perdió la posibilidad de
ser un interlocutor en esta crisis, pues está directamente implicado
en la campaña para restablecer el mandato del presidente Zelaya".

La defensa del Gobierno la asumió, entre otros, el titular del
Senado, José Sarney, quien indicó que Zelaya "encarna un símbolo de
la resistencia para que se evite la vuelta de los tiempos en que los
mandatarios eran derrocados" y debe recibir todo el apoyo de Brasil.

También descalificó todas las críticas el asesor para Asuntos
Internacionales de la Presidencia, Marco Aurelio García, quien
reiteró que Brasil solo "cumplió con una obligación humanitaria y
diplomática".

Según García, "quien sostiene que Brasil interfiere debe sentir
simpatía por los golpistas" y "estar animado por un afán opositor
injustificable".

Las dudas sobre el curso que tomará esta crisis han llegado a los
editoriales de la prensa.

"La cuestión es delicadísima, porque abarca la garantía y respeto
a la inviolabilidad de la embajada, en momentos en que abriga a un
presidente depuesto que regresa para intentar recuperar el poder",
indicó en un editorial el diario O Globo.

El periódico agregó que "se trata de una situación inédita, pues
el refugio generalmente es concedido a personas que se ven obligadas
a dejar un país, y no a las que vuelven".

La posición del Gobierno fue subrayada por Lula, quien exigió hoy
ante la Asamblea General de la ONU el "inmediato" regreso de Zelaya
al poder y que la comunidad internacional esté "alerta" en cuanto a
la "inviolabilidad" de la embajada brasileña en Honduras, en la que
le garantizó "refugio" al jefe de Estado depuesto.