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Vendedora indígena exculpada después de tres años en prisión

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Jacinta Francisco, la vendedora indígena mexicana liberada sin cargos tras tres años de cárcel acusada de secuestrar a seis policías, afirmó hoy que volverá a “empezar de cero” y dejó el tema de la posible indemnización en manos de sus abogados.

“Ahorita lo que pienso hacer pues es continuar mi vida, como lo que yo estaba haciendo antes, vender, voy a volver a empezar para salir adelante”, explicó.

El caso de Jacinta, indígena otomí del estado de Querétaro (centro), atrajo la atención de Amnistía Internacional (AI), que la declaró presa de conciencia, y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), que le dio asistencia jurídica.

“Las cárceles mexicanas están llenas de pobres”, denunció el responsable de AI México, Alberto Herrera, en rueda de prensa, al hablar sobre las injusticias del sistema legal mexicano.

La mujer fue detenida en 2006 acusada de secuestrar a seis agentes federales que realizaron un operativo antipiratería en un mercadillo del pueblo de Santiago Mexquititlán, quienes tras causar destrozos diversos fueron retenidos por los vendedores hasta que pagaron.

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“Solamente se basaron en la fotografía que tomó un fotógrafo de un diario local”, criticó el director de Prodh, Luis Arriaga, sobre las pruebas empleadas por la fiscalía federal para señalar a Jacinta.

La vendedora, que tenía un puesto de bebidas en la zona, afirmó no haber tenido relación con el incidente por el que los seis policías de la ya extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI) la denunciaron a ella y otras dos mujeres por secuestro.

“Sabemos que es una farsa y una fabricación de delitos lo que hicieron estos agentes”, denunció el abogado de Prodh Luis Díaz, al reseñar las irregularidades de la detención y el juicio.

La carencia de intérprete durante el proceso -Jacinta hablaba entonces principalmente el dialecto otomí, el ñañú- fue otra de las irregularidades, de acuerdo con Prodh.

La presión de los medios y de AI, así como la asistencia jurídica de Prodh, lograron que se reabriera el caso después de haber sido condenada a 21 años de cárcel y que la fiscalía mexicana anunciara su intención de presentar “conclusiones no acusatorias” contra Jacinta.

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