El asesinato de 17 personas en CiudadJuárez eclipsó el miércoles el inicio de la segunda mitad de mandato del
presidente de México, Felipe Calderón, que en su informe de gestión
apeló a la unidad política para enderezar el rumbo de un país
vapuleado por la violencia, la corrupción y la crisis económica.

A la misma hora que las cadenas de televisión retransmitían el
mensaje que el mandatario había dado por la mañana en un pomposo
acto en Palacio Nacional, era difundida la noticia del asesinato
múltiple en un centro de rehabilitación para drogadictos de CiudadJuárez, en el norte del país.

Un grupo de hombres armados llegó al recinto y abrió fuego en uno
de los pasillos del albergue, que acoge a más de 50 pacientes.
Además de los fallecidos, las balas dejaron cinco heridos graves,
que fueron atendidos por las ambulancias de la Cruz Roja llegadas al
lugar con escolta de soldados y policías federales.

Ciudad Juárez, fronteriza con El Paso (Estados Unidos), es la
urbe más violenta de México con 1.600 asesinatos de los 6.000
cometidos el año pasado en todo el país. Desde enero las muertes
suman más de 1.400 en esa localidad, a pesar del despliegue de 8.000
militares y policías federales.

Calderón, que ha convertido la lucha contra los cárteles de droga
en un puntal de su gestión, había hecho horas antes en el Palacio
Nacional un llamado a una "gran alianza" política para "cambiar a
fondo" el país, en un acto que traslució el divorcio entre el
Ejecutivo y Legislativo, controlado por la oposición.

Por segundo año consecutivo, Calderón no pudo leer el informe en
el Congreso, en cumplimento de una reforma legal aprobada en 2008, y
tuvo que enviarlo la víspera por mediación de uno de sus ministros.

"Las cosas no pueden seguir igual" y "los ciudadanos no están
satisfechos con la actuación política" fueron algunas de las arengas
lanzadas por Calderón en su discurso.

El crimen de Ciudad Juárez no fue el único suceso sangriento de
la jornada, pues en Morelia, capital del estado occidental de
Michoacán, un grupo de sicarios mató a tiros al subsecretario de
Seguridad Pública estatal, José Manuel Revueltas, a dos de sus
escoltas y a un civil.

Michoacán, estado del que es originario Calderón, es controlado
por el grupo criminal La Familia Michoacana, enfrentado a Los Zetas,
brazo armado del cartel del Golfo.

La infiltración del narcotráfico en la vida michoacana quedó
patente en mayo pasado con la detención de una decena de alcaldes.

También con la orden de aprehensión dictada después contra un
diputado electo acusado de tener nexos con La Familia y que es
hermanastro del gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, que hoy no
acudió al Palacio Nacional como hicieron la mayoría de sus homólogos
de los 32 estados del país.

Por razones parecidas eran detenidos este miércoles el secretario
de Seguridad Pública, el delegado y el subdelegado de la
Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía), en Quintana,
Roo, en el sureste mexicano.

Horas antes, la PGR había informado del encarcelamiento de tres
ex agentes de la fiscalía antidrogas y nueve militares en una
prisión del estado sureño de Guerrero para ser procesados por
vínculos con narcotraficantes.

Consciente de su corresponsabilidad en el asunto por ser el
principal consumidor de drogas del mundo, Estados Unidos daba
muestras hoy, por su lado, de su solidaridad ante la situación que
vive México, con la presencia de dos altos funcionarios en el país.

El secretario de Estado adjunto para Asuntos Internacionales de
Narcotráfico y Procuración de Justicia, David Johnson, concluía una
visita a Ciudad de México con el compromiso de abrir en diciembre
próximo una oficina de seguimiento de la Iniciativa Mérida en la
capital mexicana.

La Iniciativa Mérida es un programa de ayuda antidroga de 1.400
millones de dólares en tres años para México y Centroamérica.

Mientras, en Monterrey, en el norte del país, el zar antidrogas
de la Casa Blanca, Gil Kerlikowske, se reunía con las autoridades
locales en compañía del embajador estadounidense en México, Carlos
Pascual, que anunciaba un programa de rastreo de armas para los dos
países denominado "E-Trace", pero la violencia no cesa en México.