Guatemala pidió el martes a la comunidad
internacional apoyo para combatir la crisis alimentaria que afecta a
miles de familias pobres del país, originada por una prolongada
sequía que ha provocado la pérdida de sus cosechas.

La asesora de la Presidencia guatemalteca en materia de seguridad
alimentaria, Ana de Méndez, dijo hoy a corresponsales de prensa
internacional que el Gobierno requiere del apoyo financiero de
emergencia de unos 400 millones de quetzales (cerca 50 millones de
dólares), para paliar la situación.

Esa suma, precisó, se necesita esa ayuda para dotar de alimentos
básicos en lo que resta de este año a unas 300.000 familias pobres
de ocho departamentos del país, que se encuentran vulnerables por la
crisis alimentaria.

Según la funcionaria, desde agosto pasado, cuando se inició la
crisis alimentaria en el denominado "corredor seco", el Gobierno ha
invertido cerca de 60 millones de quetzales (unos 7,5 millones de
dólares) en la distribución de alimentos básicos de emergencia a las
54.564 familias más necesitadas.

Los habitantes de esa zona, integrada por los departamentos de El
Progreso, Zacapa, Chiquimula, Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa y Baja
Verapaz, han perdido sus cosechas de maíz y fríjoles, granos en los
que basan su dieta alimenticia, debido a una prolongada sequía.

"Se hizo ya la primera entrega de una bolsa de alimentos básicos
a cada una de las familias del 'corredor seco', con lo cual
esperamos que se reduzca la emergencia en esos lugares", y la
segunda bolsa se empezará a distribuir a partir del 7 de septiembre,
dijo De Méndez.

Explicó que la disminución en la recaudación fiscal, como efecto
de la crisis financiera internacional, obligó al Gobierno a reducir
su presupuesto de este año en unos 7.000 millones de quetzales (unos
875 millones de dólares).

"Esa situación nos impide cubrir esas necesidades, porque no
contamos con recursos. Sin embargo, se están haciendo los esfuerzos
necesarios para detener la crisis y evitar que más niños caigan en
desnutrición", señaló la asesora.

El ministro guatemalteco de Agricultura, Mario Aldana, indicó que
"ha habido una respuesta inmediata" de parte de la comunidad
internacional, luego de que el presidente Álvaro Colom les informará
a sus representantes sobre la situación.

Según Aldana, hoy firmó un convenio de cooperación por seis
millones de euros (unos 8,5 millones de dólares) con la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),
para beneficiar a los departamentos de Alta Verapaz y Quiché, en
donde se concentra gran parte de las familias más afectadas por la
crisis.

Además, detalló a los periodistas extranjeros que se está por
definir en los próximos días ayudas de emergencia de parte de la
Agencia Española de Cooperación Internacional, la Agencia para el
Desarrollo Internacional de Estados Unidos y la Unión Europea.

Según el funcionario, los representantes de la cooperación
internacional aceptaron la propuesta del Gobierno de integrar una
mesa de trabajo, en la que se definirán proyectos concretos para
financiar una estrategia a largo plazo cuyo objetivo es evitar
situaciones similares.

El Gobierno ha reconocido que en lo que va de este año han muerto
como consecuencia de la desnutrición crónica provocada por el hambre
unos 20 niños en la zona de este "corredor seco".

El subsecretario de Seguridad Alimentaria de la Presidencia,
Edmundo Álvarez, reconoció que la cifra de fallecidos "puede ser
mayor" debido a que el sistema de Salud Pública del país no cuenta
con mecanismos adecuados para reportar las causas reales de las
muertes.

"Los informes de Salud señalan como causas de muerte diarreas,
problemas cardíacos o neumonías, pero no precisan que esos males
fueron causados por problemas de desnutrición crónica", explicó.

Los estudios más recientes realizados por las autoridades señalan
que la tasa de desnutrición crónica infantil en las zonas afectadas
por la crisis alimentaria es del 1,7 por ciento.

"Esa cifra es preocupante, pero está por debajo de la tasa del
diez por ciento que la Organización Mundial de la Salud establece
para determinar la existencia de hambruna", anotó la asesora Ana de
Méndez.

La pobreza, que afecta al 52% de los 13,3 millones de
guatemaltecos, las sequías o inundaciones que provocan la pérdida de
las cosechas y la reducción en los ingresos fiscales, que debilita
las posibilidades de inversión social, son las principales razones a
las que las autoridades atribuyen este problema.