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 Los líderes de las Américas han fracasado en resolver la crisis hondureña. Hoy Manuel Zelaya es todavía un presidente en exilio y el gobierno de facto permanece desafiante y obstinado.

Pero hay que reconocer que no ha sido por falta de esfuerzos. En una muestra de unidad sin precedentes los 34 miembros de la Organización de Estados Americanos acordaron rápida y unánimemente suspender a Honduras de la organización. El Presidente costarricense Oscar Arias, a nombre, entre otros, de la Secretaria de Estado Hillary Clinton, buscó incansablemente alcanzar con ambas partes un acuerdo que le permitiera a Zelaya regresar y terminar su mandato y al mismo tiempo le garantizara inmunidad a todos los involucrados en el golpe.

El 24 y 25 de agosto, el Secretario General de la OEA José Miguel Insulza y cancilleres de siete países del hemisferio volaron a Tegucigalpa en un intento final por conseguir que el Presidente de facto Roberto Michelleti firmara la propuesta de Arias, conocida como el Acuerdo de San José. Pero Insulza regresó a Washington con las manos vacías.

Las dos partes permanecen donde empezaron hace dos meses. Micheletti todavía rechaza el regreso de Zelaya insistiendo en que su expulsión fue legal. Mientras que Zelaya continúa con una actitud que no parece servirle a nadie, prometiendo un día antes de la misión de Insulza que buscaría cadena perpetua para el líder militar del golpe.

Insulza se refirió al 1 de septiembre, fecha en que comienzan la campaña presidencial en Honduras, como último plazo para el acuerdo. A no ser que haya un gran avance de último minuto, es claro que Zelaya no regresará a Honduras a concluir su mandato. El fracaso del acuerdo y la elección presidencial representan un nuevo reto – pero tal vez también la mejor oportunidad de avanzar.

Los líderes de las Américas podrían continuar obsesionados con el retorno de Zelaya, pero sería energía mal encaminada. En cambio, debieran pedirle a la OEA – organismo político por excelencia del hemisferio, con décadas de experiencia en el monitoreo de elecciones en la región – que tome las medidas necesarias para que las elecciones de noviembre sean libres y justas.

Muy seguramente el Presidente venezolano Hugo Chávez y sus aliados en la región rechazarán la elección rotundamente si Zelaya no regresa. Pero otros líderes no se interpondrán necesariamente en el camino.

“Dudo mucho que nadie más lo va a hacer”, dijo Kevin Casas-Zamora, ex vicepresidente de Costa Rica y ahora vinculado a la Iniciativa para América Latina de Brookings Institution. “Nadie tiene mayor intención de seguir prolongando esta crisis”, dijo. Históricamente, señalí, la mayoría de transiciones a la democracia en la región requirieron aceptar elecciones bajo sistemas no democráticos.

Por su parte, Micheletti ha prometido hacer lo que pueda para demostrar que el voto será legítimo y ello debiera incluir, como mínimo, la aceptación de monitores internacionales. Pero la elección tendrá que ser más que simplemente limpia, incluso si, como se espera, el ahora dividido partido de Micheletti pierde.

Para que tenga verdadera legitimidad, los hondureños deberán ser disuadidos de sus planes de boicotear la elección y alentados a seguir participando del proceso político. Muchos hondureños han perdido la fe en su gobierno y creen que el sistema protege los intereses de las élites en detrimento de las mayorías. Como lo dijo en una entrevista el ex embajador estadounidense en Honduras, Cresencio Arcos, el país centroamericano es regido por una clase política en la que “no hay lideres; lo que hay es cómplices”.

Esas fallas fundamentales deben ser ventiladas en un diálogo nacional y eventualmente enfrentadas en una asamblea constituyente. Insulza u otro enviado de alto perfil podría convencer a todos los candidatos presidenciales a que se comprometan con dicho proceso una vez se posesionen.

Con todo y eso, una pregunta clave persiste: ¿qué ha aprendido la región del peligroso precedente sentado por Honduras contra la democracia en el hemisferio?

Hace cuatro años, el Presidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez se propuso socavar la independencia del poder judicial de su país y amenazar la separación de poderes. A pesar de las advertencias de observadores de Naciones Unidas y otros, la OEA permaneció callada. Al final, Gutiérrez fue destituido y la OEA se limitó a redactar un informe sobre los últimos días de su presidencia, mientras la democracia ecuatoriana seguía cojeando.

La participación de la OEA en Honduras ha sido mucho más profunda. Sin embargo, como el caso ecuatoriano, la OEA no se involucró sino hasta después de que el presidente fue expulsado. Esta renuencia se debe a que la OEA se inclina a favorecer a los presidentes por encima de los procesos democráticos cuando surgen crisis. En otras palabras, es deferente con los líderes de turno en vez de intervenir para ayudar a responder a las causas de la crisis.

Si bien esta temprana intervención está llena de complicaciones, actuar después de los hechos ha demostrado ser muy costoso. La OEA debiera permanecer comprometida en restaurar y mejorar la democracia hondureña. Y más importante aún, debiera de una vez por todas evolucionar y convertirse en un actor más diligente en la defensa de la democracia en la región.

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